PRIVATIZACIONES

MÁS NEGOCIO Y MENOS EFICACIA

Cualquier análisis serio sobre el funcionamiento de los servicios públicos debe combinar equilibradamente su valor social con su eficacia económica.

Son servicios que cubren necesidades básicas de los ciudadanos y de cuya provisión de calidad dependen cuestiones como la educación, la salud, la atención a los más débiles como los ancianos o los discapacitados, o el transporte público, que contribuyen a la igualdad social, pero también al funcionamiento de la economía.

Su valor social es prioritario y no es incompatible con la eficiencia económica, que debe conseguirse más con eliminación de grasa innecesaria, de burocracia, de duplicidades de funciones, de abusos y delirios de grandeza que con recortes indiscriminados de derechos y prestaciones.

Es conveniente recordar estos principios, porque después de decenios de hegemonía conservadora se ha transmitido la idea de que la protección social pública es insostenible y contradictoriamente, a su vez, que su sostenibilidad depende de su privatización, porque el sector privado es más eficaz para organizarlos.

De la falsedad de esta idea son muestras desde la privatización del sistema de pensiones en Chile, que privó de este derecho a millones de chilenos y desvió miles de millones de dólares a unos pocos bolsillos privados, hasta los intentos de privatización de la sanidad británica por gobiernos conservadores, que siempre han tenido que ser corregidos.

Esta ola privatizadora ha vuelto a Europa aprovechando la crisis financiera. De un lado se considera que la debilidad de la socialdemocracia, principal impulsora de las políticas públicas, lo permite. De otro la magnitud del capital acumulado en este tiempo y la falta de alternativas de inversión "suficientemente rentables", dada la evolución de los mercados de valores, inmobiliarios y de deudas soberanas, requiere libertad para que el capital hinque más el diente en la salud, la educación y los servicios sociales necesarios para las personas, como ya lo hacen en los mercados de alimentos, como fuente de negocio.

Y lo quieren ampliar en lo financiado por lo público, porque lo financiado exclusivamente por lo privado ya lo tienen y les parece poco. Es un nuevo asalto a las arcas públicas.

La derecha española ha decidido ponerse en la vanguardia de esta ofensiva. Ya habían dado pasos como el reforzamiento de la enseñanza concertada o la gestión total o parcialmente privada de algunos hospitales y, sobre todo, ya lo habían hecho en Cataluña, donde la hegemonía nacionalista de CiU, durante muchos años, había conseguido que el régimen de conciertos en sanidad o educación, minoritarios en otros lugares de España, allí fuesen mayoritarios.

Ahora, el caso de la sanidad de Madrid se intenta convertir en ariete para el conjunto, con tal vehemencia que hasta encuentra resistencia en algunos sectores del propio PP.

El proyecto global conlleva la privatización total de los seis hospitales que hasta ahora funcionaban con gestión pública de la parte sanitaria y privada de la construcción y el resto de los servicios, con la transformación de hospitales como el de la Princesa o el Carlos III, en hospitales destinados a colectivos con especial riesgo -por ejemplo mayores- con la extensión del modelo de gestión privada de todos los servicios no sanitarios al resto de hospitales y con la privatización, también del 10% de los centros de salud.

Se trata de privatizar las partes que requieren menos inversión, ya que los nuevos hospitales carecen de las especialidades quirúrgicas más complejas, como la hematoncología o la neurocirugía, y de dejar dentro del sector público a colectivos más costosos como los mayores, de ahí el intento de convertir la Princesa en un geriátrico, con el fin de que los sectores con "pérdidas" se queden en lo público y los susceptibles de dar "beneficio" pasarlos al privado, previas transferencias de cuantiosos recursos públicos.

Independientemente de deficiencias de gestión o abusos, que en todo caso se pueden resolver, la gestión pública se mueve por el interés general y no busca beneficios, mientras que la privatización debe generar beneficios para el negocio, lo que ya supone un encarecimiento, salvo que se reduzca personal, inversión o condiciones de atención, que empeoren el servicio para los pacientes. Un margen de beneficio como el que buscan los inversores privados no se consigue sólo "con mejoras organizativas".

Dos ejemplos. La sanidad catalana, la más privatizada de España desde hace años no es la más barata. De hecho el gasto sanitario medio por habitante en Cataluña entre los años 2000 y 2010, fue un 5% superior al del resto de España, a pesar de tener una dispersión territorial y un porcentaje de mayores de 65 años inferior a la media.

Por otro lado la experiencia de gestión público-privada de los seis nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid muestra que los cánones de concesión previstos en el proyecto de Presupuestos para 2013, serán un tercio superiores a los pagados en 2009, es decir tres veces la inflación del período. Este dato está  en contradicción con el proceso continuo de recorte presupuestario, ya que hay que cumplir con los incrementos por revisión de los contratos con los privados y, como se ve superarlos, a través de mejoras, dada la capacidad de presión que ese sistema da a las empresas concesionarias, por la dependencia de ellas para el funcionamiento del servicio. O lo que es lo mismo, reducción de la parte del presupuesto destinada a lo público para incrementar la dirigida a los negocios privados. Y sabemos lo que eso, que ahora afecta a una parte muy minoritaria, puede suponer cuando se extienda.

Vamos que lo del abaratamiento y la mayor eficiencia de la gestión privada es una broma que, una vez más, pone de acuerdo, a pesar de la virulencia con que se tiran los trastos por otras cuestiones, a las derechas catalanas y madrileñas, que hasta se parecen en el recopago del euro por receta.  

 

Andrés Gómez

LOS SINDICATOS Y LA HUELGA DEL 14 N

Los resultados de la huelga y las manifestaciones del 14 N han dado lugar a distintas valoraciones sobre lo adecuado o no de este tipo de convocatorias y sobre el papel y futuro de los sindicatos.

Desde los medios de la derecha sobresale, como no podía ser menos, la palabra fracaso, las referencias a las inmensas manifestaciones de la tarde son mínimas y se destacan los hechos, puntuales y minoritarios, de violencia no sólo provocados por grupos radicales.

Es normal y responde al sectarismo, miopía y torpeza de estos medios que en materia social siempre han opinado que "donde esté una buena pelea que se quite lo de hablar". Son los mismos que han jaleado al Gobierno para cambiar leyes laborales y recortar prestaciones sociales unilateralmente y los que acusan cada día a los sindicatos de tropelías que ellos mismos inventan y promueven.

O no son conscientes del riesgo que implica una crisis social como la que atraviesa España o, mucho peor, piensan que con una mano cuanto más dura mejor, se meterá en vereda a los "radicales y desharrapados". Deben vivir en un mundo aparte y no aprecian que la contestación y la movilización cada vez tiene más protagonismo entre lo que ellos mismos llaman capas medias y mayoría silenciosa.

Que son trabajadores cualificados de la industria, pero también médicos, enfermeras, maestros, profesores de Universidad y empleados de los sectores públicos y privados, los que están moviendo el cotarro y que sin una interlocución sindical sólida para el futuro, el conflicto lejos de resolverse puede enconarse y dispersarse aún más, lo que quizás, partidarios del palo como son, derive en neofascismo y sea lo que desean.

En otros casos, en función del seguimiento de la huelga, se pone en cuestión esta herramienta y se invita a las organizaciones sindicales a buscar otras formas de manifestar la protesta.  Al mismo tiempo que desde otros movimientos sociales y desde sectores del propio sindicalismo y la izquierda se considera moderada la actitud de los grandes sindicatos y se piensa que debía irse más allá.

No cabe duda que con un desempleo que alcanza a un cuarto de la población laboral, con tasas de temporalidad/precariedad en el empleo entre los ocupados de casi un tercio, con un 50% de los trabajadores en empresas de menos de 20 empleados y con servicios mínimos pactados que superan los dos millones de personas, concebir la huelga general como la paralización del país, sería hoy un delirio, tanto para valorar su éxito como para certificar su fracaso.

Y sin embargo hay coincidencia en su éxito en la industria y la construcción, que en transportes sólo se respetaron los servicios mínimos, que fue  muy mayoritaria en los Mercados centrales y en los servicios públicos municipales, que se generalizó en la enseñanza y la sanidad públicas y que tuvo incidencia entre los funcionarios y el sector financiero, singularmente el de Cajas y se destaca en todo caso la ausencia de incidentes.

O lo que es lo mismo que en sectores que agrupan a más de siete millones de trabajadores la huelga fue bastante general. "Sin piquetes agresivos" y sin contar la incidencia en el resto de sectores, más de cinco millones fueron voluntariamente a la huelga. Quien considere esto un fracaso o no sabe de qué habla o está movido por prejuicios.

Es obvio que de la huelga general no se puede abusar, pero tampoco prescindir de ella. Se  equivocan los que piensan que hay que convocarla todos los días, pero también los que consideran, unos y otros de buena fe,  que hay que renunciar a ella, simplemente porque las circunstancias económicas, laborales y, por qué no decirlo, la beligerancia, agresividad y amenazas de muchos empresarios, hace imposible que la secunden todos los trabajadores y trabajadoras.

La huelga general es una herramienta política a utilizar cuando las circunstancias -las políticas- se hacen tan agresivas para la mayoría que requieren una respuesta desde todos los sectores de la población. Es tan política y, desde luego más transparente y democrática, como que una patronal que ha firmado un acuerdo una semana antes con los sindicatos, en lugar de respetar lo pactado, siga presionando bajo cuerda a un Gobierno para que aborde una reforma laboral que rompe todas las previsiones de lo firmado.

De lo que no hay duda alguna, salvo para alguna Delegación del Gobierno como la de Madrid y para los manipuladores de la TDT Party, que ya tienen sus valoraciones pase lo que pase, es de que las manifestaciones de ese día han sido las mayores movilizaciones sociales desde hace años.

Esta es la encrucijada sindical, saber que los cambios del mercado laboral, el crecimiento del paro, el empeoramiento de la situación social y la conciencia de que la agresión no ha terminado, van a seguir requiriendo movilizaciones sociales muy mayoritarias y habrá que seguir combinando inteligentemente las huelgas y conflictos sectoriales que van a continuar, con la presencia pacífica y multitudinaria en las calles y, sólo cuando sea imprescindible, la huelga general.

Una estrategia de máxima unidad con las organizaciones sindicales y profesionales, con otros movimientos sociales, para parar los recortes y la pérdida de derechos laborales y sociales, abierta al diálogo cuando sirva para frenar o dar marcha atrás a las agresiones. Firme cuando ésto no sea posible o se intente encubrir con palabras y ofertas de diálogo sin contenido real, nuevas injusticias y recortes para la mayoría.

Lo sucedido en la Enseñanza o la Sanidad madrileñas, lo que está empezando a extenderse a otros lugares y a otros sectores públicos o privados, muestra que los trabajadores tradicionales no están aislados, que cada vez más sectores trabajadores y de capas medias, están entendiendo que no pueden pararse y que hay que responder a cada agresión en una batalla que va a ser larga, pero en cuyo resultado, que no siempre se verá a corto plazo, nos jugamos el futuro de nuestra sociedad.

 

Andrés Gómez

HUELGA EL 14 N

La publicación la pasada semana del barómetro del CIS de octubre y su coincidencia con la encuesta del mismo organismo sobre las próximas elecciones autonómicas catalanas, permite valorar el clima social, en ambos casos, en vísperas de la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 14 de noviembre.

La coincidencia de la fecha de la huelga con la campaña de las elecciones en Cataluña, independientemente de su resultado, pondrá en la agenda informativa el conflicto social, en un momento de fervor patriótico de las derechas catalana y española.

Según el barómetro del CIS para toda España el paro es la primera preocupación para el 78% de los españoles y para el 60% de los catalanes, los problemas económicos para el 43 y el 12 % respectivamente, aunque este factor es el segundo quebradero de cabeza para el 27% de los catalanes. En el caso del conjunto de España los nacionalismos y el Estatut de Cataluya preocupan apenas a un 3% y el autogobierno y la financiación autonómica al 6,6 y el 7,9% de los catalanes respectivamente. En ambos casos el futuro de la sanidad y la educación ocupan también lugares destacados.

Los datos ponen en evidencia que los problemas sociales, consecuencia de la crisis y las políticas que las derechas están aplicando frente a ellas, son los que realmente preocupan a la mayoría de los ciudadanos y que la respuesta frente a ellos es imprescindible para que esas políticas no salgan reforzadas y vayan cada vez a más.

Es obvio que la participación en las huelgas es difícil que alcance el 100%, eso sería coloquialmente "la revolución", pero los propios datos de CIS señalan que el 15% de los encuestados reconocen haber participado en huelgas en los últimos doce meses, el 21% en la franja de 18 a 34 años, porcentaje que sería mucho mayor entre los asalariados, teniendo en cuenta que entre los encuestados, sectores como empresarios, jubilados o amas de casa no hacen huelgas. El porcentaje de respuestas es mucho mayor, el 21% para el total y el 23% para la franja de edad entre 18 y 34 años, para la asistencia a manifestaciones, también en los últimos doce meses.

En consultas previas sobre las huelgas es significativo que los que justifican las movilizaciones, aunque no las secunden, superan a los que participan en ellas. Las derechas se equivocan si minusvaloran la dimensión del conflicto porque, aunque la magnitud del desempleo, la precariedad laboral, las estrecheces económicas y las nuevas condiciones introducidas por la contrarreforma laboral del PP y apoyada por CiU, hagan que muchos de los trabajadores no se atrevan a secundar una huelga, el malestar sigue creciendo y los estallidos sociales continuarán.

La derecha política y económica tilda de política a la huelga del 14 N y lo es tanto como las razones que dan lugar a su convocatoria. En democracia los gobiernos elegidos están legitimados, pero la misma legitimidad tienen los ciudadanos que están en descuerdo con sus políticas para protestar y movilizarse. Máxime cuando lo que se aplica no se parece en nada a las promesas electorales o cuando los que dicen defender la Constitución adoptan, una tras otra, medidas que socavan todas sus previsiones en materia social y van introduciendo un cambio de modelo que rompe el equilibrio de esa Constitución en favor de los más poderosos y en contra de la mayoría de la población.

La huelga del 14 N es justa: el crecimiento del paro, la caída de los salarios reales, el incremento de los expedientes de regulación, las privatizaciones y empeoramientos de servicios públicos o unos presupuestos generales del Estado cargados de recortes para los más débiles y con la conciencia de que no serán los últimos que se producirán en los próximos meses, la justifican.

Pero su justicia no implica que vaya a ser fácil, en estas circunstancias. A las dificultades antes mencionadas del miedo a represalias laborales, o a la situación económica de miles de familias, se añade la percepción, en muchos casos, de que no doblegarán esas políticas y, en otros muchos, de que nos encontramos ante un proceso largo, en el que la movilización tendrá que ser también larga. Que en el próximo futuro nos enfrentaremos a nuevas agresiones como la de las pensiones y que deberemos calcular bien el esfuerzo para poder aguantar hasta el final, salvando lo máximo posible de nuestros derechos para no tener que reconstruir desde las ruinas.

Por eso, pese a las dificultades, vale la pena poner la carne en el asador. Por eso y porque se juega la credibilidad y entereza de los sindicatos que siguen siendo elementos fundamentales, para frenar al máximo la ofensiva recortadora de las derechas.

Los trabajadores catalanes también se juegan mucho con esta huelga y con las próximas elecciones. Porque una victoria rotunda de CiU no sería sólo un reforzamiento del independentismo. Sería, sobre todo, un reforzamiento de la derecha y sus políticas recortadoras.

 

Andrés Gómez

EL RESCATE, EL BANCO MALO Y LOS DESHAUCIOS

El Gobierno de Rajoy hace de la necesidad virtud: si llueve hace bueno para el campo y si no para las plantas. Tras semanas de deshojar la margarita con la petición o no del rescate a la UE, a la espera de que pasen todas las elecciones pendientes, y de clamar contra la prima de riesgo y los intereses de la Deuda, hemos pasado a quitarle importancia y a los brotes verdes, esta vez en versión Fatima (Virgen del Rocío) Báñez.

No se sabe muy bien si el cambio se debe al intento de ganar tiempo a la espera de las elecciones catalanas o si, por el contrario, temen que la solicitud sea recibida con una negativa o unas condiciones que, en la práctica equivalgan a ella, por parte de Alemania.

El hecho es que hemos pasado de confiar en una prima de riesgo de 200, equivalente a tipos de entre el 3 y el 3 y medio de tipo de interés, a instalarnos confortablemente entre los 400 y 450 puntos, entre el 5 y el 6% de interés. Entre bambalinas el Ministro de Exteriores sugiere que la deuda, la privada se supone, es un problema tanto para el deudor como para el acreedor y Rajoy dice que podemos aguantar todavía, aunque ni siquiera el rescate bancario se ha hecho todavía efectivo, lo que se esperaba una vez aprobado el banco malo.

Con el banco malo el Gobierno tiene varios problemas. Uno de ellos es su empeño en conseguir financiación privada para que las ayudas derivadas a él no computen como déficit público. El problema es que la mayoría de las entidades financieras sondeadas se resisten a participar en él, tanto porque su situación tampoco es tan boyante como porque, conscientes de la "necesidad" política del Ejecutivo, están esperando a la valoración final de los activos, para que, caso de participar, le salgan lo más baratos y rentables que sea posible.

Pero como todas las monedas tienen su cara y su cruz, si los activos salen más baratos su impacto en las entidades afectadas será mayor y deberán recibir más dinero para su saneamiento, por la diferencia entre el valor contable en que estén contabilizados, las provisiones que hayan constituido para cubrirlos y el valor final de su transferencia al banco malo.

El Gobierno está atrapado entre su compromiso de que ésta solución no tenga ningún coste para los contribuyentes y una realidad que muestra lo contrario. De ahí las continuas contradicciones en que han incurrido los responsables del Ministerio de Economía en sus declaraciones al respecto.

De un lado han establecido quince años de vida para la entidad, lo que supone que este es el período previsto para vender los activos; de otro, para animar a los inversores anuncian que en cinco años el Banco será rentable, pero si esto fuese así no se explicaría porque su duración es mucho más larga. Además, hablan de rentabilidades de la inversión de hasta el 15% anual a partir del tercer año, lo que no se corresponde ni con las expectativas de los inversores, ni con las circunstancias del mercado, ni con el valor de algunos activos, tanto de suelo como de malas construcciones, que entrarán en el paquete.

La realidad de una solución que, inevitablemente, va a costar dinero a los contribuyentes, y que trata de activos que son viviendas, convive con otra realidad lacerante que es la creciente ola de desahucios que ya afecta a miles y miles de familias que se ven en la calle y a miles y miles de jóvenes que ya han renunciado a vivir fuera de la vivienda familiar.

Más allá de la tragedia de los suicidios que, pese a que nos la haga más evidente, responde a conflictos y decisiones individuales, el problema y la contradicción es mucho mayor si consideramos los millones de viviendas vacías y los centenares de miles de personas que malviven sin ninguna, en muchos casos con trabajos e ingresos, pero que no les permiten responder de sus hipotecas o acceder a un techo.

Resolver el problema de las hipotecas es una parte, pero en muchos casos, resuelto el embargo viene la segunda parte, que es quedarse sin sitio donde vivir.

El banco malo acumulará centenares de miles de viviendas, no todas  vendibles, aunque podrían solucionar miles de problemas de gente sin vivienda. Disponer cincuenta mil para alquiler, a un coste medio de ochenta mil euros, supondrían cuatro mil millones, menos del 10% de las ayudas a la banca, y alquiladas a un precio medio de 425 euros, supondrían un ingreso anual para la entidad de doscientos cincuenta y cinco millones anuales, más de doscientos si se excluyen los gastos de gestión y mantenimiento.

Como sí va a haber coste para los contribuyentes, por lo menos que una parte sea útil socialmente. Sólo el dogmatismo y los prejuicios ideológicos del PP puede negar algo tan evidente.

Rescate y banco malo tendrán novedades en los próximos meses. Al menos esperemos que una parte de los desahucios también.

 

Andrés Gómez