sábado, 24 de marzo de 2012

CONMEMORANDO “LA PEPA”
A Blanco White, Álvaro Flórez Estrada, Rafael de Riego, Francisco de Goya y todos los que dieron su vida, su exilio o su libertad por defender la de su país. A todos los diputados liberales de las Cortes de Cádiz que fueron perseguidos y encarcelados tras la restauración del absolutismo
Curioso país el que conmemora la aprobación de una Ley, avanzada para su época, pero que apenas se aplicó.
Es lo que tiene la falsificación de la historia, su utilización oportunista, para justificar políticas e ideologías que nada tienen que ver con el liberalismo progresista del XIX.
Cuando Rajoy sostiene que las contrarreformas de hoy, la laboral incluida, responden al mismo canon de valentía que tuvieron los reformistas de las Cortes de Cádiz, olvida que aquella Constitución pretendía acabar con el poder absoluto de la monarquía, en tanto sus reformas refuerzan el absolutismo de los mercados.
Aunque tal vez recuerde que esas buenas intenciones de los constituyentes duraron apenas dos años, los que tardó la reacción en restablecer el absolutismo y derogar “La Pepa”, algo que se parece más a lo que el PP pretende con algunas de sus reformas legales confesadas.
No conviene jugar con la Historia. Las ideas de Cádiz apenas se aplicaron en España más que una decena de años a lo largo del siglo XIX y las primeras tres cuartas partes del XX.
Finalizada la Guerra de independencia, con la vuelta del absolutismo, los auténticos liberales, constitucionalistas o afrancesados, fueron perseguidos, encarcelados, exiliados, confinados o muertos. Así le sucedió a una gran parte de los diputados liberales de las Cortes de Cádiz.
¿Que tiene que ver aquella situación con la actual?. ¡Nada!. Pero el PP lo usa todo y trata de apropiarse todo, porque su objetivo es mandar y ocupar toda lo que pueda y de la forma que sea. Porque en el fondo a lo único que se parece lo que está haciendo el PP es al “Viva la Pepa” de entonces, aunque a lo que realmente le gustaría que se pareciese es al inmediatamente posterior “vivan las caenas” de la vuelta de Fernando VII.

Andrés Gómez Sánchez
24 de marzo de 2012
EL DÉFICIT Y LOS IMPUESTOS EN
LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Según el Gobierno, al cierre de 2011, el déficit del Estado alcanzó el 8,5 % y tras el tira y afloja con la Comisión Europea, la flexibilización sobre el objetivo marcado del 4,4 para este año, lo podrá situar en el 5,3 % y no en el 5,8 como pretendía inicialmente, y reforzando el compromiso de llegar al 3 % en 2013.
Cada punto de déficit sobre el PIB equivale a 10.000 millones de euros, de forma que bajar 3,2 puntos este año, supone reducirlo en 32.000 millones y bajar de 5,3 al 3 % el año que viene supondrá 23.000 millones más y, en este aspecto, alcanzar un crecimiento de  entre el 1 y el 2 % del PIB en 2013, sería casi irrelevante a efectos de reducción de esta cifra.
Es evidente que la mayor responsabilidad en la desviación de 2011 ha estado en las Comunidades Autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP desde mayo y que aunque pudiesen alegar en algún caso responsabilidades anteriores, lo que no pueden argumentar nunca, salvo que quieran incurrir en ineficacia o falsedad, es desconocimiento de sus cifras hasta ahora.
Pero más allá de todas estas guerrillas del PP, para quitarse de encima responsabilidades que, aunque fuese por coherencia debería compartir, lo que dicen los números es que, salvo cambio de política en la UE, hoy por hoy no previsible, en estos dos años el conjunto de las cuentas de las administraciones públicas deben asumir una reducción de 55.000 millones de déficit. Eso implica reducción de gasto y/o subida de impuestos por ese importe.
En sus primeras medidas subieron el IRPF, recortaron gasto del Estado e indujeron una reducción adicional a las Comunidades Autónomas. En una segunda fase han utilizado su gobierno en el Estado y en la mayoría de las comunidades, para ejercer presión con el objetivo de que fuesen las propias comunidades las que asumiesen el coste político de los fuertes recortes, que afectan a los servicios y prestaciones, especialmente sensibles (sanidad, educación y servicios sociales) de los entes autonómicos. Todo menos descubrir sus cartas antes de las elecciones andaluzas, a pesar de las presiones de Bruselas, incluidos los 5.000 millones más de reducción del déficit.
Rajoy y el PP se han hartado de hacer ideología con los impuestos, pese a conocer sobradamente la realidad. Antes de las elecciones ofrecían bajar impuestos, después dan una de cal y otra de arena: suben el IRPF pero un día juran que no subirán el IVA y al siguiente dicen que “lo más probable es que ya se verá”.
El PP sabe que la dimensión del problema, si la UE no flexibiliza los objetivos y combina la austeridad con estímulo para años sucesivos, hace imposible cumplirlo si no se recomponen la  recaudación y, al menos, la mitad del déficit se cubre con ingresos. Pero no sólo para resolver el déficit ahora, también para tener un sistema fiscal solvente después el problema será el mismo.
Por eso lo que está en cuestión para el futuro no es si se suben o no los impuestos, se van a subir y el PP sólo está midiendo cuando hacerlo, teniendo en cuenta que va ajustar en este presupuesto, pero que también lo hará en 2013. El problema es cómo y con qué efectos distributivos se harán las subidas.
La reciente publicación de las estadísticas definitivas de la Agencia Tributaria para 2009 y el avance de la liquidación del 2010, ya en plena crisis, nos dan pistas. El hundimiento de la recaudación ha sido especialmente grave en IVA y en sociedades.
En IVA las causas principales han sido el efecto combinado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el incremento del fraude por la crisis, porque algunos han mantenido sus ingresos líquidos a costa del fisco.
En Sociedades la enorme caída de recaudación no se corresponde con la evolución de los beneficios de las empresas y si con la bajada de los tipos del impuesto y el abuso cada vez mayor de desgravaciones y deducciones,  que lleva a que el tipo efectivo sobre base imponible se sitúe en el 16 %, 15 % para los grandes grupos, y que aún sería inferior, en torno al 10 %, si el cálculo se hiciese sobre el beneficio contable. Estas cifras desmienten la idea de que el impuesto “real” sobre las empresas en España sea más alto que la media europea.
El PP ha subido el IRPF, pero estanca la progresividad en 300.000 euros anuales, de manera que el que gane 1 o 2 millones tendrá el mismo 7,5 % de recargo que los  de 300.000 y su carga es, además, moralmente menor que la que se impone a rentas inferiores. Al mismo tiempo la subida de 2 puntos a las rentas del capital, no compensará el hecho de que las rentas del capital media declaradas son menos de la mitad que las del trabajo y empeorando su relación progresivamente.
Nada dicen de gravar a las grandes fortunas y el gran debate lo establecen, pese a negarlo, sobre el IVA y los impuestos especiales.
El problema es que será necesario tocar todos los impuestos, pero para hacerlo con justicia habría que combatir con mayor contundencia el fraude, sobre todo el gran fraude, hacer que las grandes fortunas y rentas paguen más, que los impuestos a las empresas sean más justos y eficaces también, porque de lo contrario la idea que quedará de nuevo es que los asalariados, vía IRPF, y los ciudadanos, sin distinción de nivel de renta, vía impuestos indirectos, son los únicos que pagan y que es el mundo al revés: los que menos tienen pagan para mantener a los que más tienen.
El PP sabe que esa idea está muy difundida en la población, de ahí la hipocresía con se comporta, sigue difundiendo la idea de que hay que pagar menos impuestos y busca siempre excusas para justificar que si los sube no es por culpa suya.
Las conversaciones discretas de los gobiernos alemán y francés para unificar sus impuestos a las empresas y al consumo, serían una buena coartada. Por eso están aplazando algunas decisiones.
Los Presupuestos para 2012 despejarán algunas dudas, pero habrá que esperar,  porque a lo largo de este año y en los Presupuestos para 2013 se resolverán el resto de las incógnitas.


Andrés Gómez Sánchez
24 de marzo de 2012

viernes, 16 de marzo de 2012


LA REFORMA, LA HUELGA Y LOS SINDICATOS

El poder da alas. Con un respaldo del 44% de votantes y poco más del 30% del censo, pero mayoría absoluta holgada en las cámaras, gran mayoría de gobiernos autonómicos y municipales, el respaldo de la política de derechas en la Unión Europea y la complicidad del nacionalismo catalán conservador, el Gobierno del Partido Popular afronta la reforma y el cambio de relaciones laborales más agresivos de la democracia, a pesar del rechazo en las encuestas de dos tercios de los ciudadanos, incluido casi un cuarto de sus votantes.

La  reforma nada tiene que ver con la crisis, ni va a crear empleo que no crease la economía sola, responde a cánones ideológicos neo conservadores, cada vez menos distinguibles del neo fascismo, cuyo objetivo confesado hace decenios es eliminar el Derecho del Trabajo y la regulación al capitalismo, construidos en los países desarrollados tras la guerra mundial, eliminar la mayor parte de los igualadores sociales del estado de bienestar y poner lo público al servicio de los grandes negocios.

La reforma facilita las causas de despido, eliminando la autorización administrativa de expedientes de empleo y de modificación de condiciones de trabajo, acaba con la prorroga de las condiciones pactadas en convenio de haber desacuerdo y permite la existencia de convenios de empresa que empeoren los sectoriales, alterando profundamente las relaciones de negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, dando poder casi absoluto a los últimos y un golpe mortal al diálogo social.
De ahí que el PP no haya tenido intención de hablar en serio con los sindicatos de la reforma y que las llamadas “reuniones técnicas” hayan buscado transmitir la imagen de un diálogo real inexistente. Porque la reforma necesita debilitar cualquier representación colectiva de trabajadores y manos libres para aplicarla en la empresa.

De ahí la campaña antisindical del TDT party, o su versión igual de “irrespetable”, del Director del “El Mundo”, cuyas mentiras y descalificaciones groseras, buscan debilitar la huelga pero también abonar el terreno a más retrocesos, como limitar el derecho de huelga, que consideran imprescindible para sus objetivos.

La actitud de estos sectores ante la huelga es hipócrita: la rechazan pero la desean y desean que fracase para “partir el espinazo a los sindicatos” porque se creen Thatcher frente a los mineros británicos.

Los sindicatos no deseaban la huelga, porque son conscientes de que el rechazo muy mayoritario a la reforma coexiste con el miedo a perder el empleo provocado por la crisis y, ahora  también, por la reforma, que hace que muchos trabajadores la consideren justa pero no se atrevan a hacerla. No les ha quedado otro camino, porque de no hacerla, una ultraderecha política y económica envalentonada subiría el listón de su presión.

Al margen de valoraciones sobre los sindicatos, la realidad es que se busca un modelo de relaciones laborales, en que cualquier representación colectiva y organizada de trabajadores tenga un contenido meramente formal y sin influencia en las condiciones de trabajo reales. Por eso hay que asumir sin complejos que la defensa de los sindicatos, de las organizaciones de trabajadores, es un motivo más para el éxito de la huelga, porque de lo contrario, la debilidad de los trabajadores será mayor y no sólo saldrá adelante la reforma, también la defensa en el futuro de sus condiciones de trabajo en las empresas será más desfavorable.

Por su parte CC.OO, y UGT deben afrontar el cambio profundo que  supone este modelo en su actuación y estructuras para el futuro.

La reforma debilita su peso institucional y el retroceso en la legislación sobre despido y negociación colectiva, hacen que necesariamente su influencia tenga que desplazarse a las empresas. Su actuación sobre despidos, expedientes de empleo, modificación de condiciones de trabajo y convenios tendrán que ganarlas caso a caso, y acumular fuerza, si quieren recuperar después influencias mayores.

De otro lado la ofensiva antisindical no cejará, irá desde lo económico hasta lo judicial. Si los sindicatos necesitan reforzar su independencia del poder, a la previsible reducción de sus estructuras deberán añadir una profunda reestructuración que vuelque sus recursos en acción sindical en las empresas, para coordinar mejor a las grandes y ampliar su organización e influencia en las medianas y pequeña.

No es un camino fácil, es simplemente imprescindible para la supervivencia de unas organizaciones que en el futuro serán todavía más importantes para los trabajadores y la democracia y que de fracasar, reforzarían el extremismo.

Andrés Gómez Sánchez
15 de marzo de 2012

jueves, 8 de marzo de 2012


GALLARDON SIN VERGÜENZA

Que nadie se confunda. El título no contiene calificativos, sin es una proposición y vergüenza un nombre común.

Tras el anuncio de su “reforma de la justicia”, para dar “el poder a los jueces”, acabar con la gratuidad de la justicia, agilizar los divorcios de pago, dando negocio a las notarías y cargarse el derecho a decidir por las mujeres en las interrupciones del embarazo, el que algunos definían como “verso libre del PP”, vuelve a utilizar tretas de la extrema derecha que antes le denostaba y ahora le jalea.

Si no fuese por lo serio del tema parecería una broma que para defender su contrarreforma a la Ley del aborto recurra a que hay violencia de género estructural contra las embarazadas, sin concretar cómo se ejerce, ni la magnitud del problema.

¿Se refiere acaso a la dificultad de plantearse la maternidad con ingresos de seiscientos euros al mes? ¿Se refiere a la no renovación de contratos temporales a mujeres embarazadas o con hijos menores? ¿Se refiere a los distintos supuestos de discriminación laboral por este motivo? ¿O acaso se refiere a la inclusión en la reforma laboral de su Gobierno de la supresión de bonificaciones a la Seguridad Social para mujeres que buscan trabajo después del parto? ¿O a los cambios del derecho a permiso por lactancia incluidos en la misma reforma?

Es lo que tiene haber ido de “progre”, que te creces y, o pierdes los complejos o no piensas lo que dices y, lo que parecía una ocurrencia brillante, se convierte en una bomba de relojería. En cualquier caso produces una ofensa y una estupidez al mismo tiempo.


Andrés Gómez Sánchez
8 de marzo de 2012


viernes, 2 de marzo de 2012


“VIVA LAS VEGAS”

Quince mil millones de euros en inversión, trescientos mil empleos, siete millones más de turistas, doscientas mil plazas hoteleras. ¿Quién da más? Entre subasta y casino, como no podía ser de otra forma, el proyecto Eurovegas encandila la imaginación no sólo de los más incautos, sino también de los más pillos.

El proyecto de la gran ciudad “europea” del juego, el ocio y la diversión, presentado por el magnate del juego Sheldon Adelson ha movilizado a la derecha nacional –española y catalana- en una nueva pugna para su ubicación en Barcelona o Madrid, como si de otro enfrentamiento merengue – culé se tratase, para ver quien elogia más el proyecto y menos barbaridades escatima.

Lo números que se barajan marearían, si no fuese porque se repiten como mantras, sin que exista ninguna evidencia ni planteamiento concreto de que se vayan a cumplir, más allá de las palabras y exigencias de su promotor. La crisis y el paro es lo que tienen: hay tanto miedo y gente desesperada, que se vuelve a creer en milagros.

Lo cierto es que es un proyecto que, más allá de consideraciones morales, no responde a ninguna racionalidad ni política ni económica. Como consecuencia de las sucesivas crisis que han repercutido en EE.UU, desde el año 2.000, la actividad de Las Vegas se ha resentido, el negocio del juego ha caído, el turismo a la ciudad ha decrecido casi un 50 % y el negocio inmobiliario se ha hundido. Por ello Adelson  decidió diversificar, comprando casinos y hoteles en Macao.

Las Vegas no recupera, Macao ha crecido mucho, pero las autoridades chinas no parecen interesadas en un mayor crecimiento de estas actividades, que fortalecen a las triadas. Así Adelson ha decidido probar fortuna en Europa, en un lugar donde el control sea más liviano, la crisis lo haya convertido en país muy necesitado y por tanto proclive a aceptar la conversión de una parte de su territorio en una maquila –zona libre de leyes e impuestos- del ocio y la diversión.

En lo que se refiere a la racionalidad económica y el interés general, las cifras barajadas son el cuento de la lechera, porque lo que se desprende de informaciones aparecidas en la prensa es que la inversión inicial sería de tres mil millones para  construcción de un casino e instalaciones hosteleras correspondientes, desarrollándose el resto del proyecto en quince años mediante reinversión de beneficios.

¿De donde salen, en una situación de crisis como la actual, los siete millones de turistas, dispuestos a dejarse “la pasta” en este tipo de ocio?  ¿Se generarán en quince años beneficios para abordar una inversión de quince mil millones? ¿Son ciertas las cifras de empleo y corresponden a la construcción o a la actividad posterior? Es evidente que estas cifras son una mezcla de mentiras y deseos.

Complementariamente el caballero exige para abordar la inversión inicial, disposición de suelo gratuito o a coste mínimo, no sujeción a leyes laborales ordinarias para los trabajadores de esas actividades, exención de todos  los impuestos y legalización de la prostitución, entre otras condiciones, que responden por si solas a la razones de interés político, que son justamente las contrarias al proyecto.

Tenemos aún frescos los fracasos de la mayoría de Parques Temáticos, que han costado a las arcas públicas centenares y centenares de millones de euros. En la Comunidad de Madrid hace apenas tres meses se interrumpió el servicio de tren al Parque Warner por falta de viajeros, un ferrocarril financiado íntegramente con dinero público y hecho ex profeso para esa instalación, que recibió además cuantiosas subvenciones durante años, para su inversión inicial y su mantenimiento.

Por eso llama la atención la vehemencia con que apuestan la Presidenta Aguirre en Madrid o el Conseller Más Colell en Cataluña. Lejos de proponer un cambio estratégico para una economía más productiva, investigación, apoyo a sectores, trabajadores y profesionales que todavía sostienen la economía española, una vez más, la derecha señala al cielo del que caerá el maná.

Acostumbrados los unos a que el concepto de empresa se corresponda con el volumen de comisiones o diferencias de precios a intermediar, y los otros a actividades hiper protegidas de la competencia exterior, que ya no son posibles desde hace muchos años, están dispuestos a hinchar una nueva burbuja que o no arrancará o en pocos años será otra burbuja pinchada. Pero en ese camino, de nuevo, muchos saldrían perjudicados y unos pocos habrían hecho negocio. Y el que venga detrás que arree.


Andrés Gómez Sánchez
1 de marzo de 2012