LA LISTA DE MONTORO

El anuncio del Ministro de Hacienda de dar a conocer las listas de morosos y defraudadores a las arcas públicas, ha dado lugar a polémicas.

Probablemente, el anuncio es fruto de los malos datos de recaudación y el exiguo éxito de la amnistía fiscal, coincidentes con escándalos como el del Sr. Díaz Ferrán, que han puesto en evidencia las prácticas no sólo de fraude fiscal, sino también de evasión de capitales, por parte de personas que se nos presentaban como respetables. Si a ello le añadimos el caso Falciani y la lista de capitales ocultos en HSBC de Suiza, en la que existen cuentas de personas españolas, se cuadra el círculo.

No hay que escandalizarse de que determinados datos fiscales se hagan públicos, si se hace en serio, de forma sistemática y sin calentones. Porque hay datos que no deberían formar parte de los datos personales protegidos, y si de los que deberían conocerse para ver quien cumple y quien no con sus obligaciones con el Estado, simplemente por sanidad democrática.

De hecho, en los dos primeros años de la democracia, siendo Ministro el Sr. Fuentes Quintana, que no era ningún iletrado, estos datos fueron públicos y también un acicate para animar al cumplimiento de las obligaciones fiscales para todos.

No se trata de dar a conocer  la renta y la riqueza de cada uno. Simplemente con el conocimiento de la cuota, de lo que cada uno paga, sería suficiente para comparar y para haber visto, por ejemplo, que el mencionado Díaz Ferrán, como otros, en algún ejercicio, o no han pagado impuestos o han pagado cantidades ínfimas. Y no vale el argumento de que eso sería dar información a delincuentes, porque en muchos de estos casos los signos externos son más evidentes para esos delincuentes que la propia declaración de la renta.

El problema de la propuesta del Ministro es que ha mezclado conceptos que política y administrativamente son distintos. No se puede meter en el mismo saco morosidad y fraude. Porque si en un caso, la morosidad, se trata de retraso en un pago, que puede desvelar situaciones escandalosas, en el otro, el del fraude, si es conocido y contrastado, si no lo es no podría hacerse público, el problema principal no es su publicidad, sino que no se actúa para evitar lo que puede ser un delito, sancionarlo, garantizar el cobro de sus importes e ingresarlos en la Hacienda Pública.

Por eso no hay que escandalizarse de la publicidad de determinados datos que deberían ser públicos, porque responden a obligaciones de todos con todos, y sí de que en un problema de esta envergadura se tenga la tentación de hacer demagogia o, lo que sería peor, que se arremetiese contra unos por razones partidistas o de coyuntura, mientras a otros se les mantiene en el limbo de los justos, o dicho de otra forma que se levantase la veda del conejo y se mantuviese cerrada la del rinoceronte.

Información sí. Pero sobre la renta de las personas físicas, sobre el impuesto de las empresas y sobre las SICAV y sus propietarios.

 

Andrés Gómez