CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN PARA LAS CAJAS

La concreción, esta semana, de las condiciones de la Comisión Europea, para liberar las ayudas a las Cajas  de Ahorro españolas nacionalizadas, certifican la defunción de este sistema, aunque una de sus condiciones les obligue a comportarse como las cajas de ahorro de hace muchos años.

Lo que según Rajoy y Guindos iban a ser buenas ayudas y sin condiciones, se han convertido, como era de prever, en ayudas fuertemente condicionadas a favor de los Bancos y otras entidades financieras.

Cierre masivo de oficinas y despido de un tercio de sus trabajadores, quitas del valor de la inversión en preferentes, ventas de filiales y participadas y limitación de la actividad bancaria para estas entidades a la de banca comercial minorista y a PYMES, en los territorios de origen de estas entidades, la prohibición de dar crédito a la actividad de promoción inmobiliaria y la posibilidad de mantenerse como entidad sólo para Bankia, la única considerada como sistémica.

Traducido a lo concreto esto implica el cierre de más de de un millar de oficinas y el despido en tres años de diez mil trabajadores -seis mil de ellos en Bankia- a añadir a lo hasta ahora recortado y quitas de entre el 40 y el 60% para los ahorradores que invirtieron en preferentes. Menos empleo y pérdidas de partes de sus ahorros para miles de familias a las que se engañó.

Con relación al futuro destacan los impedimentos a jugar ningún papel como banca mayorista, la exclusión de dar crédito a promotores inmobiliarios en cualquier circunstancia y la presión para vender sus participaciones industriales en el peor momento para hacerlo. Estas limitaciones les obligan a reconvertirse en banca de pequeños ahorradores -el origen de las Cajas- pero sin ser Cajas.

Detrás de estas medidas están los grandes bancos e inversores financieros, que ven la posibilidad de acceder a precio de saldo a importantes paquetes de acciones en empresas en buena situación (Mapfre, IAG, Iberdrola, Indra, NH Hoteles, Gas Natural o Pescanova, entre otras) y de ampliar su volumen de negocio a las partes saneadas de banca mayorista, o de promoción inmobiliaria futura, hoy en manos de esas cajas.

Pero la presión para vender participaciones industriales, aunque sea con pérdidas, y la reducción de los márgenes de negocio de estas entidades, por el abandono forzado de actividades, limitará sus posibilidades de beneficio a las que le genere el negocio de banca minorista, y  hará imposible  generar suficientes beneficios para la devolución por esta vía de los miles de millones de ayudas públicas destinadas a su saneamiento.

O dicho de otra forma que estas ayudas servirán, en gran medida, para que los bancos o inversionistas que adquieran las participaciones o capten las partes del negocio segregadas, obtengan más beneficios.

Huelga decir que los excesos de los años del boom inmobiliario y la inmoralidad de una parte importante de sus gestores ha sido el caldo de cultivo que ahora se argumenta para justificar estos nuevos abusos y arbitrariedades, aunque eso suponga la renuncia a que los miles de millones de euros de todos destinados a las ayudas sirvan para reconstruir una banca pública al servicio de los intereses generales y si sirvan para trasvasar miles de millones no fundamentalmente para el saneamiento de las cajas y sí para la recomposición o ampliación de los beneficios de entidades que, al menos formalmente, no los necesitan ya que hacen permanentemente alarde de su buena situación.

Es obvia la pésima gestión de esos gestores y su responsabilidad en la situación. Responsabilidad que contrasta con la altanería con que personajes como Miguel Blesa, como caso más singular, se han comportado recientemente ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Altanería que merece más que reprobación y a los que habría que exigir responsabilidades legales también.

Pero de esa obviedad, esa altanería y esos abusos de sus posiciones de privilegio, que es ampliable a otros personajes financieros, aunque no están sujetos hoy a los mismos escrutinios, no se deriva la imposibilidad de un funcionamiento correcto de las Cajas.

El proceso de reestructuración y saneamiento del sector se ha orientado desde el principio hacia su disolución. Las dos cajas que sobreviven sin tensiones son las dos más pequeñas (Onteniente y Pollensa) quizás porque no eran bocado apetecible para nadie. Pero en los procesos de fusión forzados bajo el argumento de la necesidad de ampliar tamaño, se ha forzado a Cajas que por sí solas estaban saneadas o a otras a las que hubiese resultado más fácil sanearse también solas, a asumir las ruinas de otras cajas que las han llevado a la ruina.

El resultado final nos muestra que la desaparición del sistema de Cajas ha sido premeditado con el objetivo de ampliar el negocio de los grandes bancos y que nunca más se atreviesen a competir con ellos. Así las nacionalizaciones, una vez más, se han producido para nacionalizar las pérdidas, sin que en ningún momento se pensase en nacionalizar los futuros beneficios posibles.

Pierden los trabajadores de las Cajas y los pequeños ahorradores, pierden los contribuyentes que aportarán al rescate y a los resultados futuros del Banco Malo y, como en los casinos, gana la Banca.

Lo que esto aporte a la recuperación del crédito para promover el crecimiento va a ser nulo.

 

Andrés Gómez