SOBRE LA REFORMA FINANCIERA DEL  PP

Los problemas del sector financiero tienen origen en la acumulación desmesurada de activos valorados muy por encima de su valor real. En unos casos se trata de inversiones fraudulentas o especulaciones mal resueltas y, en otros, de activos inmobiliarios, cebados por la burbuja, con precios que poco tienen que ver con el mercado real.

Al estallar la crisis su gravedad entrañaba en la confluencia en  EE.UU. de ambos factores, mientras que en la zona euro, en Alemania era el contagio de activos tóxicos con origen en EE.UU., igual que en Reino Unido, con operaciones tóxicas propias añadidas. En España, el componente principal es la burbuja inmobiliaria, que ha dejado en activos de Cajas y Bancos edificaciones o suelos con valoración en balances muy superior a su valor real.

Detectado el problema, las vías de solución estaban en un reconocimiento rápido y ajustado de la situación y una inyección masiva de financiación –obviamente pública y financiada mayoritariamente con emisión de nuevo dinero- o por un ajuste en el tiempo, combinando ayudas públicas, reforzamiento del capital bancario con cargo a recursos propios o ajenos y mejora de márgenes de beneficios a cargo de la clientela.

Por la primera vía por optaron Obama y Gordon Brown, que disponían de manera directa de la capacidad de emisión de dinero, en tanto la segunda fue la de la UE, más por incapacidad de gobierno común de la situación, que por decisión consciente.

Cualquiera de las dos vías, para ser eficaces, requería  reconocer lo más exactamente posible la magnitud del problema, más y mejor regulación del sector para evitar nuevos abusos, cambios radicales de gestión, ejemplaridad y control público, sin descartar la propiedad.

Ninguna cumplió todos los requisitos, dejando iniciativa y capacidad de reacción a los causantes del problema que, de una u otra forma, quieren resolverlo a costa de la clientela y el resto de los contribuyentes. La de la UE, además ha cebado nuevas especulaciones de los mercados contra las deudas soberanas, los países más débiles y el euro.

Ese es el contexto en que analizar la reforma “Guindos”, porque para valorar la eficacia de las medidas habría que conocer la magnitud de un problema en que no hay seguridad. Ese es el primer inconveniente del sector financiero español, no muy distinto del resto de la UE, y menos cuando se vapulean las deudas soberanas de países, como si para cobrarlas lo mejor fuese asfixiar al que tiene que pagarlas.

El PP ha optado por la continuidad, dando una vuelta de tuerca a las fusiones y ampliando la dotación pública del FROB, tanto para seguir las orientaciones mayoritarias en la UE, como porque la situación de las arcas públicas hacía impresentable una política de ayudas más agresiva para los bancos, cuando se está promoviendo un recorte brutal en gasto social y productivo y se aprueba una reforma laboral con el objetivo de reducir drásticamente los salarios.

Así, los ejes de la reforma parten de las siguientes premisas y propuestas:

•  Valorar en 175 mil millones los activos problemáticos, 88 mil en suelo y 87 mil en edificación.
• A partir de ese dato valora en 50 mil millones la necesidad de saneamiento adicional de las entidades, una parte mayor para suelo que para edificación. 
•  La cobertura de la necesidad se resuelve mediante provisiones con cargo a los resultados de las entidades, con mayor requerimiento de capital adicional y mediante una nueva provisión para riesgos futuros. 
• El incentivo y la potenciación de nuevos procesos de fusión. 
• Encauzar las ayudas a públicas, mediante créditos, a través del FROB, para lo que se incrementa su dotación, en 6 mil millones con cargo Presupuestos del Estado.
• Limitar las retribuciones de administradores y ejecutivos de entidades que reciban ayudas excluyendo, en caso de fusiones, a los de las entidades que las hayan absorbido. Esta medida debería regularse para todo el sector, porque son un escándalo por sí mismas, pero también porque en el origen y evolución de la crisis está implicado en conjunto y de una u otra forma, estas lastran los resultados y las pagamos todos en última instancia.

 Adicionalmente hay que considerar los 100 mil millones de avales y garantías del Estado para emisiones de las entidades, previstos en la prórroga vigente de los Presupuestos, de los que ya concedidos casi la mitad.

La opción de extender el ajuste en el tiempo, si no tiene resultados rápidos, dará nuevas bazas de presión a los mercados, como la experiencia demuestra. En el caso español se añade el elevado endeudamiento del sector, que se ha reducido muy ligeramente desde que se inició la reforma en 2009, y condiciona el recurso creciente del sistema a préstamos para liquidez del BCE –obtiene casi un tercio el total desde que se puso en marcha este recurso.

O dicho de otra forma que el argumento de “aumentar la fluidez de crédito  a la empresas y las familias” no se lo creen, porque el saneamiento del sector financiero español debe simultáneamente capitalizar las entidades para reducir riesgo inmobiliario y responder de su endeudamiento y reducirlo, lo que, con este modelo, hace imposible mejorar la dotación de crédito a la economía a medio plazo.

La mayor parte de la capitalización prevista se descarga en las cuentas y resultados de las entidades o, lo que es lo mismo,  en el rendimiento que puedan sacar de la clientela, de las filiales en el extranjero de los grandes bancos o de rendimientos adicionales de inversiones, incluida la deuda pública.

Por eso el factor por el que más se apuesta es por seguir fomentando las fusiones, porque se considera que impulsarán nuevas reducciones de estructura –personal y oficinas- y permitirán sacar más resultados y rendimiento de la clientela.

Eso no quiere decir que no se utilicen recursos públicos, la mayoría del FROB lo son, los avales y garantías del Estado en las nuevas emisiones también lo son. Lo que ocurre es que se articulan como recursos aplazados, porque en caso de fallido de alguna entidad, los préstamos del FROB no se devolverán, aunque se transformen en capital público, y los avales o garantías podrán ejercerse contra el Estado como avalista. Adicionalmente algunas entidades están incrementando sus márgenes recibiendo dinero del BCE a tipos menores al 1% e invirtiendo en deuda pública, con más de 2 puntos de beneficio.

La situación del sector financiero español diverge, según las entidades, en cuanto a la magnitud y naturaleza de los riesgos. Los dos grandes bancos privados, tienen menos riesgo inmobiliario, pero también su rendimiento descansa en sus filiales del exterior y depende de los avatares políticos de los países en que radican.

Algunas grandes entidades que han mantenido estructura de cajas como Caixa o el grupo vasco, aparecen saneadas; Bankia aparece con más dificultades, sobre todo, por la contaminación de Bancaja.

Este análisis tiene importancia para observar la próxima oleada de fusiones y valorar la eficacia de la reforma. Porque, para absorber los grupos de cajas con mayores dificultades, los bancos y cajas, a quienes sólo interesa ampliar su mercado de forma segura y obtener rendimiento de nuevos clientes, van a exigir el mayor saneamiento posible y, en ese caso, aunque los recursos del FROB se articulen como préstamos o capital, el problema se aplazará al momento en que haya que realizar las amortizaciones, por lo que es difícil que la operación, entonces, le salga gratis al Estado. Tiempo al tiempo.

Finalmente el que la reforma sea eficaz dependerá de lo ajustado que se haya hecho el cálculo de activos sobrevalorados, de cuanto bajen los precios de los activos inmobiliarios y de la cuantía en que se vendan; aspectos que, vista la situación actual, levantan muchas dudas. No es descartable que, tras este paso, venga el siguiente.

Está claro que los mercados siguen presionando y lo harán todavía más porque, más allá de la situación del sector público, lo que están buscando es una parte importante de la tarta financiera de Europa y también de América Latina.

Porque los poderes económicos son insaciables: les das la reforma laboral más dura, les das una porción más de reforma financiera y al día siguiente bajan la bolsa, y más los títulos bancarios. Pero algunos banqueros no aprenden y siguen echando la culpa a los políticos.

Andrés Gómez

                                                                              20 de febrero de 2012

HABLEMOS CLARO

La importancia de la ideología en política

De que no son los trabajadores y las capas medias de la sociedad los principales causantes de la crisis no hay ninguna duda. De que son los que más están pagando por ella, tampoco.

Que la mayoría de los que más se han enriquecido en la época en que valía todo no sólo no están perdiendo ahora sino que, en muchos casos están ganando más, es irrefutable.

Que cuando la gran mayoría de la población tiene que medir su gasto  y una parte importante tiene carencias elementales, cuando el consumo de la gente corriente está cayendo, el consumo de bienes de lujo crece es evidente. 


Además, en programas de televisión de esos en que nos cuentan cómo viven los ricos, es común escuchar que la crisis es un mundo de oportunidades para los que tienen dinero.

Que en los últimos veinte años la desigualdad ha crecido de forma obscena en el mundo, lo dice y demuestra con datos la OCDE. Que la acumulación de cada vez más dinero en menos manos da lugar a que el dinero se convierta en un objeto de inversión en sí mismo y que, la situación de los Mercados de valores y las empresas productivas hace que cada vez más capitales se dediquen a especular en materias primas y alimentos, provocando subidas de precios que causan hambre y carencias a millones de personas en el mundo, lo señalan la FAO, la ONU y hasta las Iglesias.

Que con el diez por ciento de lo que ganan el uno por ciento de los más ricos, se podrían resolver necesidades elementales del cincuenta por ciento de los más pobres, es evidente. Que los que se niegan a que eso sea así no lo hacen porque necesiten más, sino por acumular más poder, es una obviedad.

Una obviedad que muestra cada día que quieren controlar la política y que están carcomiendo la democracia. Que evidencia que este modelo capitalista degradado de los últimos treinta años no sirve a la inmensa mayoría de la sociedad. Decir las cosas claras no es ningún extremismo, es simplemente realista y es lo que echan de menos muchos ciudadanos. No piden la luna, se conforman con recuperar lo perdido, con que el coste de la crisis se reparta con justicia y que al salir de ella tangamos una sociedad con futuro para todos.

Y no lo dicen sólo los ciudadanos corrientes, también lo señalan capitalistas y empresarios serios, que son conscientes de que, por esta deriva, cada vez estará más en cuestión el propio capitalismo y más en riesgo la democracia.

Que ven como grandes poseedores de dinero sin escrúpulos, juegan a determinar el futuro de la humanidad y controlar la política a su servicio, por encima de las decisiones de los ciudadanos, convirtiéndose en referentes para los capitalismos emergentes que impiden, así, el propio desarrollo democrático en esos países.

Hace tres décadas que sectores conservadores en EE.UU. comenzaron su cruzada contra el estado de bienestar.  Los ejes de su mensaje  se han mantenido y radicalizado hasta el Tea Party actual: La “defensa de la sociedad”, frente a un “socialismo”, a punto de desaparecer en su versión comunista entonces y francamente maltrecho en la socialdemócrata hoy. Las “libertades individuales”, que no han dudado en cercenar cuando han querido, y el “interés privado”, que se ha traducido sólo en defensa del interés  de la minoría más poderosa, nos han traído hasta aquí, en parte por el repliegue ideológico de la izquierda que hemos aceptado, casi como imperativo de la naturaleza, que lo público funciona mal, que los impuestos son malos y limitan la libertad y la iniciativa privada, que la democracia está limitada por la defensa del interés de los poderosos, por principio divino.  

Hasta en el lenguaje hemos aceptado perversiones como decir gobernanza en lugar de política y gobierno, emprendedores en lugar de empresarios y trabajadores autónomos, los últimos muchas veces tan dependientes y explotados como los asalariados, como ha mostrado la crisis, o utilizar eufemismos para no hablar de igualdad.

La recuperación de la alternativa socialdemócrata debe hacerse en un ámbito europeo y, como señalaba recientemente en “El País” Norman Birbaum, si se recupera, hay condiciones, dentro del Partido Demócrata de EE.UU., para construir un discurso paralelo en aquel país. Pero para reconstruir la alternativa, hay que tomar la iniciativa en una batalla de ideas que dispute la hegemonía conservadora. No será fácil, pero cuanto más tarde se empiece, más difícil será.

Hay que impulsar un discurso reformista en Europa, que retome la democracia y la igualdad como ejes, que incorpore la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, como parte de la solidaridad entre generaciones.

Un discurso que defienda la economía productiva, la investigación, e infraestructuras y transportes públicos más eficientes y ahorradores de energía, una nueva sociedad de consumo sostenible; que recupere el papel del sector público como factor de equilibrio frente a los grandes poderes económicos, el papel regulador de la política frente a los abusos de los más poderosos. Una propuesta que defienda logros sociales como la sanidad, la educación y los servicios sociales universales, que promueva la austeridad para todos y que afronte también el déficit con mayor justicia fiscal, con subidas de impuestos para los más ricos y mayor energía contra el delito y el fraude fiscal.

Un discurso que se defienda por igual por todos los partidos socialistas de Europa, que no se amedrente frente a los ataques contrarios, que llegue y convenza a  la gran mayoría de la sociedad, que sufre en mayor medida las consecuencias de las políticas dominantes en este tiempo.

Es evidente que habrá que traducir todo esto en políticas concretas, pero para elaborarlas hay que tener claro, en primer lugar, los principios, transmitirlos y hacerlos creíbles.

Los neoconservadores nos han dado lecciones de cómo hacerlo en estos años. No se trata de que hagamos lo mismo, obviamente, pero sí de que entremos sin complejos en la batalla de ideas, porque lo que nosotros defendemos interesa más a una gran mayoría social.

Andrés Gómez

12 de febrero de 2012

LA REFORMA LABORAL CONSERVADORA

Algunos conservadores, de nuevo y viejo cuño, venían defendiendo desde hace tiempo que la legislación laboral española era inadecuada, porque habiéndose aprobado el Estatuto de los Trabajadores a principios de la transición, cuando la izquierda política y sindical era fuerte, había conseguido una norma muy garantista para los trabajadores y excesivamente protectora de los sindicatos.

No es de extrañar que ya entonces, el Sr. Ferrer Salat, Presidente de la patronal y cercano a Alianza Popular, se quejase del elevado coste del despido, de las supuestas dificultades legales para despedir y de la rigidez de la negociación colectiva. Casi treinta y tres años después, la Ley más reformada de la democracia española, sometida al miedo de la crisis, se va adecuar más que nunca a lo que los conservadores vienen defendiendo desde entonces.

El coste del despido ocupa los titulares de los medios, pero siendo importante no es lo que más: las indemnizaciones pueden mejorarse a través de la negociación si existen condiciones para ello, como demuestran los expedientes de regulación de la banca, las telecomunicaciones, las eléctricas u otras grandes empresas industriales o de servicios, en que las indemnizaciones por rescisión han superado los anteriores cuarenta y cinco días por año, sin que ello perjudicase a los trabajadores de otras empresas, bien al contrario eran referencia para mejorar.

En el fondo, las propuestas conservadoras, siempre tienen como objetivo una reducción drástica de los costes de trabajo, cuyo componente principal es el salario, que requiere el debilitamiento de los instrumentos de defensa colectiva de los trabajadores, empezando por los sindicatos.

Por eso los problemas están más en otros cambios que desprotegen a los trabajadores y aumentan la capacidad de decisión, e incluso de arbitrariedad, de las empresas menos innovadoras que presionarán indemnizaciones y salarios hacia sus límites más bajos, y de los que señalaré los cuatro principales:

1.   Desaparición de la autorización administrativa a los ERE

Con esta modificación son las empresas, tras el período que se establezca para la negociación, las que tendrán capacidad de decidir, quedando exclusivamente el recurso a los tribunales sobre las decisiones ya tomadas y aplicadas. Esto amplía la capacidad de decisión de los empresarios y debilita la posibilidad de respuesta de los trabajadores, en mayor medida donde la organización sindical sea más débil o no exista y pondrá a los jueces ante decisiones ya tomadas y, en muchos casos, difícilmente reversibles.

2.   Ampliación de los supuestos de causas económicas para los despidos

Sin necesidad de acreditar pérdidas, simplemente con reducciones de ingresos en tres trimestres consecutivos, se consideran justificadas las causas para el despido procedente de un trabajador.

Es destacable que al señalarlo así para estos supuestos, automáticamente se convertirá para los jueces en causa significativa, en casos de despido colectivo vía ERES, lo que amplía, en un período de crisis como el actual, la capacidad de actuación de las empresas, sin posibilidad de defensa para los trabajadores.

3.   Eliminación de la vigencia de los convenios tras dos años sin acuerdo

Hasta ahora, en caso de desacuerdo en la negociación de convenios colectivos, se consideraba importante defender a los trabajadores como partes más débiles. Así se mantenía la vigencia de los convenios en todos sus términos, hasta que se alcanzase un nuevo acuerdo. Es lo que se llamaba ultractividad de los convenios.

Con el cambio, esto se mantendrá dos años tras finalizar la vigencia; después el convenio no será de obligado cumplimiento, de forma que a un empresario que quiera imponer un recorte drástico de derechos, le bastará con bloquear el acuerdo durante dos años para tener las manos libres y a los trabajadores no les quedará más recurso que la movilización.

4.   Prevalencia de convenios de empresa sobre los sectoriales y ampliación de los supuestos de descuelgue

El cuarto punto es la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, algo que ya sucedía hasta ahora en gran parte de los convenios de grandes empresas, en que sus condiciones son mejores que las de los convenios sectoriales, pero no en las pequeñas y medianas, con menor nivel de organización y más dependientes y sensibles a las presiones del empresario.

Este punto es especialmente relevante en un caso como el español, en que el 42 % de los trabajadores dependen del 90 % de empresas que tienen menos de 50 trabajadores, en los que su capacidad negociadora, al margen de las organizaciones sindicales, se verá absolutamente mermada.

Tiene razón el PP al definirla como una reforma profunda y pensada, aunque sea pensada para reforzar el poder empresarial, debilitar aún más al sindical y, sobre todo, mermar los derechos de los trabajadores y presionar para una reducción palpable de los salarios.

Sectores conservadores y representantes ultras del empresariado, venían presionando desde hace tiempo para que el PP “no fuese débil y aprovechase la crisis para llegar a donde hasta ahora no se había podido llegar”.

El Gobierno de PP ya no habla del cambio de situación que vaticinaba en la oposición para cuando llegase Rajoy. Ahora pintan el panorama con perfiles muy graves y aplazan la creación de empleo para finales de 2013, porque como buenos conservadores piensan que el “miedo guarda la viña”

Además algunos conspicuos tertulianos de su cuerda, culpan a los “desalmados trabajadores de las grandes empresas con contratos fijos, de defender sus intereses corporativos a costa de los parados y los jóvenes”. De los que se lo han llevado y se lo siguen llevando crudo, ni una palabra.

Supongo que los sindicatos han tomado nota y no caerán en provocaciones, ni dejarán de movilizarse al ritmo que las circunstancias permitan.

Pero sobre todo harán una campaña capilar y didáctica para que todo el mundo entienda lo que esta reforma significa y que de ésta todos, trabajadores y parados, jóvenes y mayores, salen perjudicados y los que se benefician son los mismos de siempre. Si se hace este trabajo, la intensidad de la movilización será mayor sin duda. Porque los sindicatos deben pensar en la mayor movilización ahora, pero también en poder sostenerla más adelante.

El PP no se cree que con esto se va crear empleo, su propio planteamiento lo reconoce, lo hacen para dar satisfacción a los “mercados” que mandan y sobre todo, para que cuando haya crecimiento la situación sea más favorable para los empresarios y menos favorable para los trabajadores: ¡Vamos, pura ideología de derecha ultra que sólo va a ser útil para los empresarios más atrasados!.

Andrés Gómez

12 de febrero de 2012