LO BUENO Y LO MALO DE LA UNIÓN BANCARIA ACORDADA

 

Pasada casi una semana del acuerdo para avanzar hacia la unión bancaria europea se puede analizar más fríamente su contenido, fuera de una presión informativa en que, como la noticia mata no pocas veces la información, no caben matices y las valoraciones se mueven entre los extremos de bueno a malo sin paliativos.

Y sin embargo en lo acordado, prevalecen los matices sobre la brocha gorda. Es obvio que entre que no se produzca ningún avance y un modelo imperfecto, mejor lo segundo.

Pero lo acordado es muy insuficiente, tanto porque, una vez más, prevalece el sector financiero sobre la unión económica y fiscal y sobre los planes de estímulo, como porque las entidades sujetas obligatoriamente a supervisión se adaptan -pret a porter- a los intereses de un país.

Es de destacar que a los pocos días del certificado de defunción del modelo de cajas de ahorro en España, la norma se adapte para la protección de las cajas alemanas. Unos las hemos matado y otros las siguen protegiendo, sin duda porque consideran que estas entidades, que en Alemania representan el 60% de la actividad financiera, son un elemento de equilibrio frente a una banca privada, difícilmente controlable. Además se trata de entidades "públicas" regionales que muestran que el estado federal descentralizado no necesariamente es el desastre que aquí nos hemos empeñado en mostrar.

Pero el problema no es que la norma se adapte a los intereses alemanes, sino la repercusión que esto tiene para el conjunto de la Unión.  Ya que, de un lado, pone en evidencia que la soberanía de los ciudadanos alemanes es "más soberana" que la de otros ciudadanos de la Unión Europea.

Al mismo tiempo, el empeño por preservar a estas entidades de los mecanismos de supervisión da que pensar sobre el porqué a unas entidades -las españolas- las hemos abierto en canal hace tiempo y a otras no se podrá ni mirarlas. O lo que es lo mismo, que unas por la potencia política y económica de sus países se les permitirá guardar la basura bajo la alfombra, a la espera de ir barriéndola poco a poco, en tanto en otras se ha convertido en basura hasta lo que no lo era.

La asimetría de estos tratamientos es un síntoma de desigualdad preocupante para la construcción de la Unión. La negativa a la transparencia de estas entidades también lo es.

Lo más ilustrativo es que pone en evidencia la importancia de la política y el ejercicio del poder en la actividad económica. Algo que pone en entredicho los paradigmas ultra liberales, incluida la puesta en cuestión de todo lo público, singularmente los de unos ultraconservadores españoles, que son capaces de poner a caldo en España a los que defienden la necesidad de una banca pública, como equilibrio del oligopolio financiero privado, y con el mismo entusiasmo defienden este modelo de unión bancaria, que protege a las entidades financieras públicas en Alemania. O no saben de lo que se trata o simplemente apoyan sin rechistar, porque piensan que es lo que hay que hacer lo que dicen "los suyos" políticamente sin pensarlo.

La unión es un avance porque incluye supervisión y fondo de garantía comunes, pero es limitado, porque no cubre a todo el sector y lento porque se aplaza a 2014.

El problema es que este avance no será efectivo en términos de construcción europea, si no se avanza simultáneamente en unión fiscal, en políticas económicas comunes, en deuda soberana compartida. De lo contrario, es probable que los ahorradores esten algo más protegidos, pero a costa de la gran mayoría de las familias que no pueden ahorrar.

E incluso en el ahorro habrá diferencias entre países, porque en unos se seguirán pagando tipos de interés por su deudas soberanas superiores al 5% y en otros del 2. Y esa diferencia de tres o más puntos, representan miles de millones de euros al año que lastran las cuentas públicas y reducen prestaciones sociales que hunden aún más en la pobreza a millones de personas.    

Por eso valorar el avance sí, pero ser conscientes de su fragilidad también. Porque si nos quedamos en eso, la construcción europea no sólo no avanzará, sino que más tarde o temprano retrocederá.

 

Andrés Gómez

LA LISTA DE MONTORO

El anuncio del Ministro de Hacienda de dar a conocer las listas de morosos y defraudadores a las arcas públicas, ha dado lugar a polémicas.

Probablemente, el anuncio es fruto de los malos datos de recaudación y el exiguo éxito de la amnistía fiscal, coincidentes con escándalos como el del Sr. Díaz Ferrán, que han puesto en evidencia las prácticas no sólo de fraude fiscal, sino también de evasión de capitales, por parte de personas que se nos presentaban como respetables. Si a ello le añadimos el caso Falciani y la lista de capitales ocultos en HSBC de Suiza, en la que existen cuentas de personas españolas, se cuadra el círculo.

No hay que escandalizarse de que determinados datos fiscales se hagan públicos, si se hace en serio, de forma sistemática y sin calentones. Porque hay datos que no deberían formar parte de los datos personales protegidos, y si de los que deberían conocerse para ver quien cumple y quien no con sus obligaciones con el Estado, simplemente por sanidad democrática.

De hecho, en los dos primeros años de la democracia, siendo Ministro el Sr. Fuentes Quintana, que no era ningún iletrado, estos datos fueron públicos y también un acicate para animar al cumplimiento de las obligaciones fiscales para todos.

No se trata de dar a conocer  la renta y la riqueza de cada uno. Simplemente con el conocimiento de la cuota, de lo que cada uno paga, sería suficiente para comparar y para haber visto, por ejemplo, que el mencionado Díaz Ferrán, como otros, en algún ejercicio, o no han pagado impuestos o han pagado cantidades ínfimas. Y no vale el argumento de que eso sería dar información a delincuentes, porque en muchos de estos casos los signos externos son más evidentes para esos delincuentes que la propia declaración de la renta.

El problema de la propuesta del Ministro es que ha mezclado conceptos que política y administrativamente son distintos. No se puede meter en el mismo saco morosidad y fraude. Porque si en un caso, la morosidad, se trata de retraso en un pago, que puede desvelar situaciones escandalosas, en el otro, el del fraude, si es conocido y contrastado, si no lo es no podría hacerse público, el problema principal no es su publicidad, sino que no se actúa para evitar lo que puede ser un delito, sancionarlo, garantizar el cobro de sus importes e ingresarlos en la Hacienda Pública.

Por eso no hay que escandalizarse de la publicidad de determinados datos que deberían ser públicos, porque responden a obligaciones de todos con todos, y sí de que en un problema de esta envergadura se tenga la tentación de hacer demagogia o, lo que sería peor, que se arremetiese contra unos por razones partidistas o de coyuntura, mientras a otros se les mantiene en el limbo de los justos, o dicho de otra forma que se levantase la veda del conejo y se mantuviese cerrada la del rinoceronte.

Información sí. Pero sobre la renta de las personas físicas, sobre el impuesto de las empresas y sobre las SICAV y sus propietarios.

 

Andrés Gómez

 

 

LAS ENSEÑANZAS DEL CASO DIAZ FERRAN

Por la boca muere el pez. Sería injusto generalizar el caso Díaz Ferrán a todo el empresariado español, pero sería ingenuo pensar que es el único caso.

Díaz Ferrán es el ejemplo de empresario que se considera al margen de las leyes y por encima de la sociedad. Probablemente, su condición durante años de patrón de patronos le ensoberbeció hasta el límite de considerarse blindado y le llevó a una fuga adelante en la que, para ser cada vez más grande, asumió cada vez más deudas hasta reventar. Su aventura en Aerolíneas Argentinas fue el principio de su fin.

Pero como en otros casos conocidos -Nueva Rumasa- u otros que desgraciadamente se producirán por delirios de grandeza parecidos a los de éste señor, se pone de manifiesto la estupidez de una ideología que ha hecho de la obtención de dinero a cualquier precio su faro y guía. Que ha hecho de la austeridad y el trabajo para los demás un ejercicio de hipocresía que no se aplican a sí mismos.

No deja de ser irónica la coincidencia de que Ruiz Mateos y Díaz Ferrán compartiesen testaferro. Eso simboliza el que desde los que aparentan ser más tontos, hasta los que se creen más listos, son igual de egoístas y chapuceros para no asumir sus responsabilidades.

En ambos casos su torpeza se ha acentuado al no querer hacer frente a sus acreedores, empresas tan fuertes o más que las suyas, que no se andan con chiquitas y han encabezado, lógicamente, las denuncias por quiebras fraudulentas.

Pero más allá del caso en sí, de la necesidad de que actúe la justicia, se dan unas características ejemplares, que deberían extenderse a otros casos similares, y que producen enseñanzas para toda la sociedad.

La primera es que durante mucho tiempo hemos asistido a una exaltación de la figura de los empresarios, sin distinciones ni matices, cuando, como en todos los colectivos, los hay listos y torpes, diligentes y diletantes, honrados y sinvergüenzas. De tal manera que esta exaltación ha  primado a los últimos sobre los primeros, a los depredadores sobre los verdaderos empresarios.

Desde la llegada del PP al Gobierno, esta ideología se ha hecho todavía más irracional, más interesada y menos distintiva.

La continua insistencia sobre la figura del empresario como el único que crea riqueza y empleo no soporta el rigor, ni siquiera de cualquier empresario serio, que sabe que sin fuerza de trabajo la creación de riqueza es imposible y que conoce, al margen de la defensa de sus intereses frente a los de los trabajadores, que sin actividad, por muchas "reformas laborales" que se hagan, no crearán ningún empleo.

La segunda enseñanza es que las llamadas a la responsabilidad y al patriotismo de algunos de estos personajes no son más que retórica. Que en el momento de la verdad si tienen que saltarse las leyes se las saltan. Si quieren llevarse el dinero fuera de la "Patria" se lo llevan, si tienen que engañar a sus trabajadores o a otros empresarios ¡Pues los engañan!.

En el caso de Díaz Ferrán, al igual que en el de Nueva Rumasa o Teconsa, implicada en el caso Gürtel, el fondo buitre de Angel de Cabo, al parecer, desvió cantidades ingentes de dinero a paraísos fiscales, las hasta ahora detectadas seguro que son muy inferiores a las realmente desviadas. ¿Pero son estos los únicos casos?. Seguro que no. A la vista de las cantidades detectadas hace no tanto tiempo en la lista de la entidad Suiza HSBC, un solo banco en un sólo paraíso, es razonable pensar que en varios bancos y en varios paraísos hasta ahora no detectados, las cantidades se multiplicarían varias veces.

El resultado de la injusta amnistía fiscal decretada por el Gobierno es un cubito de hielo comparado con lo que hay debajo del iceberg. Treinta y ocho mil euros por declaración o poco más de cien mil si se consideran las cantidades que el Gobierno ha dado por prescritas, después de no haber recogido estos supuestos, también delictivos, en su propio decreto amnistiador. en estos casos, al igual que lo de Díaz Ferrán y Ruíz Mateos,  son sólo una pequeña parte del problema real. Y ahí se encuentra una parte importante de la dificultad para crecer y crear empleo, en las ingentes cantidades de dinero evadido y en el hundimiento de la recaudación de impuestos que implica.

Es la cultura depredadora que se sigue promoviendo, la falta de castigo y reprobación para más personajes como estos, para los que su verdadero patriotismo y su responsabilidad social reside en sus cuentas corrientes. Y el resto son cuentos.

 

Andrés Gómez

 

 

LA DESVERGÜENZA SOBRE LAS PENSIONES

Como era de prever, sólo cinco días después de las elecciones catalanas ha habido noticias sobre las pensiones.

Zapatero las congeló pero respetó la revisión (paga) de final de año y actualizó las mínimas. Rajoy dice que no las congela, actualiza para 2013 el 1% con carácter general y el 2% a las de menos de mil euros, pero se carga la revisión a final de año -paga y 1,9% de incremento adicional para las tablas del próximo año- con un efecto final de mayor pérdida de poder adquisitivo.

Entre las defensas de esta decisión destaca la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha vaticinado que "los pensionistas están agradecidos al PP por su decisión". ¡Como lo leéis!.

Por su parte Rajoy explica que la decisión no se debe a ninguna imposición de Europa sino a la realidad. Lo que no explica es en qué ha cambiado esta realidad después de las elecciones catalanas, para que antes dijese una cosa y ahora otra bien distinta.

Ni Pacto de Toledo. Ni consulta a los agentes sociales -quizás discretamente sí a la patronal. Todas las promesas electorales, todas las declaraciones hasta el sábado anterior a las elecciones catalanas, a la papelera.

No es sólo la medida adoptada. Es que habían hecho el compromiso solemne de que ellos nunca vulnerarían -como Zapatero- la obligatoriedad de pasar las decisiones sobre pensiones por el Pacto de Toledo, antes de adoptarlas, para que tema tan sensible fuese una cuestión de Estado y no partidaria.

A nadie se le oculta que con la evolución del empleo a que nos abocan las política de ultra austeridad que aplican, las pensiones corren un riesgo que hay que analizar. Pero a nadie se le oculta tampoco que, precisamente por esas política ultras, por el crecimiento del paro y la caída de los salarios, las pensiones son cada vez más importantes para muchas familias y que, en cuestiones como éstas, no valen experimentos ni fundamentalismos como los de quienes siguen defendiendo la bajada de cotizaciones a los empresarios, que no servirían para crear ningún empleo y sí mermarían la recaudación a la Seguridad Social, y aumentarían sus problemas para el presente y, sobre todo, para el futuro, en la medida en que obligaría a hacer más uso del Fondo de Reserva.

Si fuese coherente y respondiese de verdad al interés general, el Gobierno debería buscar un acuerdo estratégico dentro del Pacto de Toledo, en lugar de adoptar una decisión unilateral que lo erosiona y, como señala CC.OO. en su denuncia ante el Tribunal Constitucional, es ilegal.

Pero tan grave como es esta decisión para el futuro de las pensiones, lo es para el maltrecho prestigio de la política.

Más allá de la injusticia de una decisión que pone, una vez más, en evidencia el distinto rasero con que se mide a la gente corriente y a la más poderosa -la decisión se toma la misma semana en que acaba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal- está la utilización premeditada de la mentira como arma política por el PP.

El PP tiene derecho a creer en unas políticas y a defenderlas si lo hace con claridad. A lo que no tiene derecho es a mentir y ocultar sus intenciones permanentemente, degradando la credibilidad de la política y atentando con ello contra el interés general que tanto dicen defender. Lo que hacen sólo tiene un calificativo: poca vergüenza.

 

Andrés Gómez

LA MAYORÍA YA NO SE GANA EN EL CENTRO

La celebración del 30º aniversario del primer Gobierno socialista ha dado lugar a diversas interpretaciones de las palabras de Felipe González sobre la supuesta pérdida de la vocación mayoritaria del Partido Socialista y si dichas palabras suponían una invitación a mirar al centro.

Cómo él no lo ha aclarado, no se sabe muy bien a qué se refería, pero el hecho concreto es que el PSOE, más que perder la vocación mayoritaria, lo que ha perdido es la mayoría. En general, en el Partido Socialista siempre ha habido una mayor predisposición a gobernar y una mayor incomodidad en la oposición y eso, ahora, sí que es un problema, porque sin construir una oposición fuerte y creíble, la vuelta al Gobierno se hace muy cuesta arriba.

El centro es un concepto más sociológico que político, siempre ha sido móvil y se ha desplazado hacia izquierda  o derecha, en función de coyunturas o hegemonías de las distintas formaciones que respondían a estas ideologías. Pero ahora no está claro lo que representa porque la crisis y las políticas aplicadas frente a ella están trastocando de tal forma los parámetros sociológicos, y sobre todo los políticos, que la situación actual poco tiene que ver con las que había antes de que se produjera. Y no es un cambio coyuntural, sino de modelo.

La crisis ha acabado con la creencia en el paradigma de las terceras vías, de que son posibles políticas socialdemócratas aunque la distribución de la riqueza vaya contra la mayoría, porque un alto crecimiento permite mejoras para todos. La caída o fuerte desaceleración del crecimiento muestra que sin mejorar la distribución de la riqueza no será posible ni mejorar, ni siquiera mantener, las políticas de bienestar tal como las conocemos hasta ahora.

La crisis, singularmente pero no sólo, en los países del Sur de Europa está empobreciendo y estrechando las capas medias de la sociedad, que fueron en los "buenos años" el sustento del llamado centrismo en política. Al mismo tiempo, la desaparición de la izquierda comunista y la creciente debilidad de la socialdemócrata, tras la caída del Muro de Berlín, ha provocado varios lustros de hegemonía ideológica de la derecha radical y casi eliminado en la práctica a la democracia cristiana en Europa, que era la representación más genuina de la derecha civilizada.

Esa hegemonía, las políticas de promoción del miedo y la creciente subordinación de la política a los mercados a que estamos asistiendo desde que se inició esta crisis están afectando a la propia democracia y reforzando a la extrema derecha política y económica.

Los recortes y la creciente desigualdad están produciendo un empobrecimiento generalizado y una erosión permanente de la clase media. Miles de familias que hace años se consideraban tal, porque tenían unos ingresos razonables y les habían dicho que su vivienda valía centenares de miles de euros, hoy se consideran simplemente trabajadores, si no están parados. No hay más que ver que el protagonismo de la movilización social ha pasado de los obreros industriales a los profesionales sanitarios, enseñantes, funcionarios o jóvenes titulados sin expectativas de futuro. Sectores que, hasta ahora, se habrían identificado como capas medias y de centro.

En estas condiciones se está produciendo, inevitablemente, una polarización política, que diluye al llamado centro y lo desplaza hacia el conservadurismo o la izquierda. En la calle, en los medios de comunicación, en los centros de trabajo, entre los amigos, las conversaciones o debates sobre la crisis se orientan a la puesta en cuestión o la necesidad de regeneración de la política por un lado, y a la injusticia en el reparto de los costes de la crisis por el otro. Eso tiene poco que ver con el centro y mucho con la recuperación de un discurso entroncado con las señas de identidad del socialismo, es decir igualdad y democracia.

Una observación de los barómetros del Centro Investigaciones Sociológicas en España desde que se inicio la crisis, muestra que, lenta pero continuamente, la gente se considera más pobre y, consecuentemente, más a la izquierda. Que el electorado del PSOE se sitúa, muy mayoritariamente, en las categorías de la izquierda.

Los sucesivos resultados y encuestas electorales desde que el PP llegó al Gobierno -con la excepción por las circunstancias de Cataluña- muestran la pérdida continua y masiva de apoyo al PP y la continuidad de la sangría de voto al PSOE, que centrifuga voto en todas direcciones y mayoritariamente hacia todo tipo de formaciones de izquierda.

Más que pérdida de vocación mayoritaria es pérdida de discurso, de programa identificable y realizable, de credibilidad y, por tanto, de liderazgo reconocible.

Lo que a millones de ciudadanos les gustaría saber es qué derechos de los recortados por el PP recuperaría el PSOE al llegar al Gobierno, qué prestaciones sociales perdidas repondría, cómo haría para allegar los recursos necesarios y se enfrentaría, para hacerlo, a los sectores más privilegiados, qué cambios propondría para mejorar la calidad y representación de nuestra democracia, para hacer más transparente y eficaz el propio partido. Y, no menos importante, quiénes están menos condicionados por el pasado y los poderes fácticos para encabezar una alternativa que recupere la igualdad y la democracia perdidas.

No es un programa extremo, pero tampoco un centro abstracto, que se interpretaría como más de lo mismo y seguiría desgastando al PSOE, que es lo que más desea el PP para contrarrestar su propio desgaste.

 

Andrés Gómez

 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN PARA LAS CAJAS

La concreción, esta semana, de las condiciones de la Comisión Europea, para liberar las ayudas a las Cajas  de Ahorro españolas nacionalizadas, certifican la defunción de este sistema, aunque una de sus condiciones les obligue a comportarse como las cajas de ahorro de hace muchos años.

Lo que según Rajoy y Guindos iban a ser buenas ayudas y sin condiciones, se han convertido, como era de prever, en ayudas fuertemente condicionadas a favor de los Bancos y otras entidades financieras.

Cierre masivo de oficinas y despido de un tercio de sus trabajadores, quitas del valor de la inversión en preferentes, ventas de filiales y participadas y limitación de la actividad bancaria para estas entidades a la de banca comercial minorista y a PYMES, en los territorios de origen de estas entidades, la prohibición de dar crédito a la actividad de promoción inmobiliaria y la posibilidad de mantenerse como entidad sólo para Bankia, la única considerada como sistémica.

Traducido a lo concreto esto implica el cierre de más de de un millar de oficinas y el despido en tres años de diez mil trabajadores -seis mil de ellos en Bankia- a añadir a lo hasta ahora recortado y quitas de entre el 40 y el 60% para los ahorradores que invirtieron en preferentes. Menos empleo y pérdidas de partes de sus ahorros para miles de familias a las que se engañó.

Con relación al futuro destacan los impedimentos a jugar ningún papel como banca mayorista, la exclusión de dar crédito a promotores inmobiliarios en cualquier circunstancia y la presión para vender sus participaciones industriales en el peor momento para hacerlo. Estas limitaciones les obligan a reconvertirse en banca de pequeños ahorradores -el origen de las Cajas- pero sin ser Cajas.

Detrás de estas medidas están los grandes bancos e inversores financieros, que ven la posibilidad de acceder a precio de saldo a importantes paquetes de acciones en empresas en buena situación (Mapfre, IAG, Iberdrola, Indra, NH Hoteles, Gas Natural o Pescanova, entre otras) y de ampliar su volumen de negocio a las partes saneadas de banca mayorista, o de promoción inmobiliaria futura, hoy en manos de esas cajas.

Pero la presión para vender participaciones industriales, aunque sea con pérdidas, y la reducción de los márgenes de negocio de estas entidades, por el abandono forzado de actividades, limitará sus posibilidades de beneficio a las que le genere el negocio de banca minorista, y  hará imposible  generar suficientes beneficios para la devolución por esta vía de los miles de millones de ayudas públicas destinadas a su saneamiento.

O dicho de otra forma que estas ayudas servirán, en gran medida, para que los bancos o inversionistas que adquieran las participaciones o capten las partes del negocio segregadas, obtengan más beneficios.

Huelga decir que los excesos de los años del boom inmobiliario y la inmoralidad de una parte importante de sus gestores ha sido el caldo de cultivo que ahora se argumenta para justificar estos nuevos abusos y arbitrariedades, aunque eso suponga la renuncia a que los miles de millones de euros de todos destinados a las ayudas sirvan para reconstruir una banca pública al servicio de los intereses generales y si sirvan para trasvasar miles de millones no fundamentalmente para el saneamiento de las cajas y sí para la recomposición o ampliación de los beneficios de entidades que, al menos formalmente, no los necesitan ya que hacen permanentemente alarde de su buena situación.

Es obvia la pésima gestión de esos gestores y su responsabilidad en la situación. Responsabilidad que contrasta con la altanería con que personajes como Miguel Blesa, como caso más singular, se han comportado recientemente ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Altanería que merece más que reprobación y a los que habría que exigir responsabilidades legales también.

Pero de esa obviedad, esa altanería y esos abusos de sus posiciones de privilegio, que es ampliable a otros personajes financieros, aunque no están sujetos hoy a los mismos escrutinios, no se deriva la imposibilidad de un funcionamiento correcto de las Cajas.

El proceso de reestructuración y saneamiento del sector se ha orientado desde el principio hacia su disolución. Las dos cajas que sobreviven sin tensiones son las dos más pequeñas (Onteniente y Pollensa) quizás porque no eran bocado apetecible para nadie. Pero en los procesos de fusión forzados bajo el argumento de la necesidad de ampliar tamaño, se ha forzado a Cajas que por sí solas estaban saneadas o a otras a las que hubiese resultado más fácil sanearse también solas, a asumir las ruinas de otras cajas que las han llevado a la ruina.

El resultado final nos muestra que la desaparición del sistema de Cajas ha sido premeditado con el objetivo de ampliar el negocio de los grandes bancos y que nunca más se atreviesen a competir con ellos. Así las nacionalizaciones, una vez más, se han producido para nacionalizar las pérdidas, sin que en ningún momento se pensase en nacionalizar los futuros beneficios posibles.

Pierden los trabajadores de las Cajas y los pequeños ahorradores, pierden los contribuyentes que aportarán al rescate y a los resultados futuros del Banco Malo y, como en los casinos, gana la Banca.

Lo que esto aporte a la recuperación del crédito para promover el crecimiento va a ser nulo.

 

Andrés Gómez

LAS ELECCIONES CATALANAS UNA SEMANA DESPUÉS

El resultado de las elecciones catalanas ha supuestoo un fiasco para las previsiones de Artur Más.  Sus consecuencias le han metido en un intrincado laberinto de complicada salida.

Ni ha decantado a esa excepcional mayoría a favor del soberanismo que pedía en las urnas, ni ha producido el reforzamiento que CiU quería para dirigir el proceso, ni tampoco el hundimiento del apoyo de los catalanes a los no nacionalistas.

Si comparamos el voto y representación recibido en estas elecciones y en las de 2010 por el independentismo -incluyendo CiU, ERC, SI y la CUP- han perdido dos representantes y casi un punto del porcentaje de votantes. La suma de los votos de estas fuerzas representa apenas al 34% del censo de electores, en unas elecciones en que la participación ha alcanzado al 70%.

Por su parte las fuerzas que no han defendido la independencia han ganado dos representantes, un 3% de votantes y alcanzan al 31% del censo de electores.

Objetivamente, con estos datos, persistir en una apuesta soberanista inmediata es una fuga adelante de dudosos eficacia y valor democrático. A pesar de las expectativas de Más la situación catalana ha cambiado poco en este terreno.

Aunque el PP y el Gobierno Rajoy tampoco lo pueden interpretar como que el problema catalán haya desaparecido, porque un tercio del electorado defendiendo directamente la independencia, y con un fuerte crecimiento de su parte más radical, no se puede despachar con un certificado de defunción del nacionalismo y una vuelta a la fe en España de los catalanes.

Pero el intento de tapar los recortes y la contestación social promoviendo el independentismo, tampoco le han dado resultado a CiU. Ha crecido la izquierda -excepto el PSC- más la parte independentista que la no independentista y la suma de las derechas pierde 9 puntos y 15 diputados, incluidos los 4 de Laporta en 2010.

CiU es la gran derrotada, tanto por sus pérdidas como por las expectativas que tenía. Los resultados del PSC, aunque menos malos que los esperados, muestran que la sangría socialista aún no ha parado. Y el PP hace de tuerto en el país de ciegos de los grandes partidos, a los que gran parte del electorado responsabiliza de los recortes.

El resultado no es sólo una mayor fragmentación del Parlamento Catalán, también sitúa un mapa político inestable y de imposible coalición sin traición a los electorados respectivos.

CiU es el único partido alrededor del que se puede construir una mayoría de gobierno. Pero su alejamiento de la mayoría absoluta le hace imposible avanzar, al mismo tiempo, hacia la consulta y mantener la política de austeridad que le pedirán el empresariado catalán y su amplio sector conservador.

Su acuerdo con ERC obligaría, una de dos, o a que este partido sacrificara sus promesas contra la austeridad y los recortes, para priorizar la puesta en marcha de la consulta, o a que CiU flexibilizara su política conservadora contra el déficit para acelerar la consulta, con el apoyo de ERC. Las últimas declaraciones de Más y Jonquera, parecen buscar un camino intermedio entre ambas direcciones, aunque al precio, puesto por el portavoz de ERC, de un gobierno de CiU en solitario y de un acuerdo parlamentario sólo por dos años.

CiU y PP en la campaña se encargaron de impedir un acuerdo entre las dos fuerzas de la derecha por un tiempo. El cruce de acusaciones de grueso calibre, incluyendo los papeles del Ministerio del Interior sobre supuestas evasiones de impuestos de Más y los Pujol, hacen más difícil este acuerdo que exigiría, además. una improbable renuncia de CiU a la consulta, al menos por ahora.

Las aguas subieron tanto que ahora ambos tienen que buscar argumentos para salvar la cara. El PP se enrocará en que "hay que hacer lo que hay que hacer" e intentará vender en el resto de España "el fracaso" del nacionalismo catalán. CiU, ante la evidencia de que congelar el derecho a decidir desautorizaría a Más y les crearía problemas internos, mantendrá su apuesta aunque sea para ganar tiempo, abocándose a una estrategia, que ERC formula con claridad, de acumular agravios con los que culpar a "Madrid". Y seguro que en eso el PP les echa alguna mano.

Así el futuro previsible será mucho más inestable. Seguirá partiendo a Cataluña en dos partes casi iguales y con más peso de los sectores más radicales de ambas. Más y peor de lo mismo, aunque me gustaría equivocarme.

 

Andrés Gómez

PRIVATIZACIONES

MÁS NEGOCIO Y MENOS EFICACIA

Cualquier análisis serio sobre el funcionamiento de los servicios públicos debe combinar equilibradamente su valor social con su eficacia económica.

Son servicios que cubren necesidades básicas de los ciudadanos y de cuya provisión de calidad dependen cuestiones como la educación, la salud, la atención a los más débiles como los ancianos o los discapacitados, o el transporte público, que contribuyen a la igualdad social, pero también al funcionamiento de la economía.

Su valor social es prioritario y no es incompatible con la eficiencia económica, que debe conseguirse más con eliminación de grasa innecesaria, de burocracia, de duplicidades de funciones, de abusos y delirios de grandeza que con recortes indiscriminados de derechos y prestaciones.

Es conveniente recordar estos principios, porque después de decenios de hegemonía conservadora se ha transmitido la idea de que la protección social pública es insostenible y contradictoriamente, a su vez, que su sostenibilidad depende de su privatización, porque el sector privado es más eficaz para organizarlos.

De la falsedad de esta idea son muestras desde la privatización del sistema de pensiones en Chile, que privó de este derecho a millones de chilenos y desvió miles de millones de dólares a unos pocos bolsillos privados, hasta los intentos de privatización de la sanidad británica por gobiernos conservadores, que siempre han tenido que ser corregidos.

Esta ola privatizadora ha vuelto a Europa aprovechando la crisis financiera. De un lado se considera que la debilidad de la socialdemocracia, principal impulsora de las políticas públicas, lo permite. De otro la magnitud del capital acumulado en este tiempo y la falta de alternativas de inversión "suficientemente rentables", dada la evolución de los mercados de valores, inmobiliarios y de deudas soberanas, requiere libertad para que el capital hinque más el diente en la salud, la educación y los servicios sociales necesarios para las personas, como ya lo hacen en los mercados de alimentos, como fuente de negocio.

Y lo quieren ampliar en lo financiado por lo público, porque lo financiado exclusivamente por lo privado ya lo tienen y les parece poco. Es un nuevo asalto a las arcas públicas.

La derecha española ha decidido ponerse en la vanguardia de esta ofensiva. Ya habían dado pasos como el reforzamiento de la enseñanza concertada o la gestión total o parcialmente privada de algunos hospitales y, sobre todo, ya lo habían hecho en Cataluña, donde la hegemonía nacionalista de CiU, durante muchos años, había conseguido que el régimen de conciertos en sanidad o educación, minoritarios en otros lugares de España, allí fuesen mayoritarios.

Ahora, el caso de la sanidad de Madrid se intenta convertir en ariete para el conjunto, con tal vehemencia que hasta encuentra resistencia en algunos sectores del propio PP.

El proyecto global conlleva la privatización total de los seis hospitales que hasta ahora funcionaban con gestión pública de la parte sanitaria y privada de la construcción y el resto de los servicios, con la transformación de hospitales como el de la Princesa o el Carlos III, en hospitales destinados a colectivos con especial riesgo -por ejemplo mayores- con la extensión del modelo de gestión privada de todos los servicios no sanitarios al resto de hospitales y con la privatización, también del 10% de los centros de salud.

Se trata de privatizar las partes que requieren menos inversión, ya que los nuevos hospitales carecen de las especialidades quirúrgicas más complejas, como la hematoncología o la neurocirugía, y de dejar dentro del sector público a colectivos más costosos como los mayores, de ahí el intento de convertir la Princesa en un geriátrico, con el fin de que los sectores con "pérdidas" se queden en lo público y los susceptibles de dar "beneficio" pasarlos al privado, previas transferencias de cuantiosos recursos públicos.

Independientemente de deficiencias de gestión o abusos, que en todo caso se pueden resolver, la gestión pública se mueve por el interés general y no busca beneficios, mientras que la privatización debe generar beneficios para el negocio, lo que ya supone un encarecimiento, salvo que se reduzca personal, inversión o condiciones de atención, que empeoren el servicio para los pacientes. Un margen de beneficio como el que buscan los inversores privados no se consigue sólo "con mejoras organizativas".

Dos ejemplos. La sanidad catalana, la más privatizada de España desde hace años no es la más barata. De hecho el gasto sanitario medio por habitante en Cataluña entre los años 2000 y 2010, fue un 5% superior al del resto de España, a pesar de tener una dispersión territorial y un porcentaje de mayores de 65 años inferior a la media.

Por otro lado la experiencia de gestión público-privada de los seis nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid muestra que los cánones de concesión previstos en el proyecto de Presupuestos para 2013, serán un tercio superiores a los pagados en 2009, es decir tres veces la inflación del período. Este dato está  en contradicción con el proceso continuo de recorte presupuestario, ya que hay que cumplir con los incrementos por revisión de los contratos con los privados y, como se ve superarlos, a través de mejoras, dada la capacidad de presión que ese sistema da a las empresas concesionarias, por la dependencia de ellas para el funcionamiento del servicio. O lo que es lo mismo, reducción de la parte del presupuesto destinada a lo público para incrementar la dirigida a los negocios privados. Y sabemos lo que eso, que ahora afecta a una parte muy minoritaria, puede suponer cuando se extienda.

Vamos que lo del abaratamiento y la mayor eficiencia de la gestión privada es una broma que, una vez más, pone de acuerdo, a pesar de la virulencia con que se tiran los trastos por otras cuestiones, a las derechas catalanas y madrileñas, que hasta se parecen en el recopago del euro por receta.  

 

Andrés Gómez

LOS SINDICATOS Y LA HUELGA DEL 14 N

Los resultados de la huelga y las manifestaciones del 14 N han dado lugar a distintas valoraciones sobre lo adecuado o no de este tipo de convocatorias y sobre el papel y futuro de los sindicatos.

Desde los medios de la derecha sobresale, como no podía ser menos, la palabra fracaso, las referencias a las inmensas manifestaciones de la tarde son mínimas y se destacan los hechos, puntuales y minoritarios, de violencia no sólo provocados por grupos radicales.

Es normal y responde al sectarismo, miopía y torpeza de estos medios que en materia social siempre han opinado que "donde esté una buena pelea que se quite lo de hablar". Son los mismos que han jaleado al Gobierno para cambiar leyes laborales y recortar prestaciones sociales unilateralmente y los que acusan cada día a los sindicatos de tropelías que ellos mismos inventan y promueven.

O no son conscientes del riesgo que implica una crisis social como la que atraviesa España o, mucho peor, piensan que con una mano cuanto más dura mejor, se meterá en vereda a los "radicales y desharrapados". Deben vivir en un mundo aparte y no aprecian que la contestación y la movilización cada vez tiene más protagonismo entre lo que ellos mismos llaman capas medias y mayoría silenciosa.

Que son trabajadores cualificados de la industria, pero también médicos, enfermeras, maestros, profesores de Universidad y empleados de los sectores públicos y privados, los que están moviendo el cotarro y que sin una interlocución sindical sólida para el futuro, el conflicto lejos de resolverse puede enconarse y dispersarse aún más, lo que quizás, partidarios del palo como son, derive en neofascismo y sea lo que desean.

En otros casos, en función del seguimiento de la huelga, se pone en cuestión esta herramienta y se invita a las organizaciones sindicales a buscar otras formas de manifestar la protesta.  Al mismo tiempo que desde otros movimientos sociales y desde sectores del propio sindicalismo y la izquierda se considera moderada la actitud de los grandes sindicatos y se piensa que debía irse más allá.

No cabe duda que con un desempleo que alcanza a un cuarto de la población laboral, con tasas de temporalidad/precariedad en el empleo entre los ocupados de casi un tercio, con un 50% de los trabajadores en empresas de menos de 20 empleados y con servicios mínimos pactados que superan los dos millones de personas, concebir la huelga general como la paralización del país, sería hoy un delirio, tanto para valorar su éxito como para certificar su fracaso.

Y sin embargo hay coincidencia en su éxito en la industria y la construcción, que en transportes sólo se respetaron los servicios mínimos, que fue  muy mayoritaria en los Mercados centrales y en los servicios públicos municipales, que se generalizó en la enseñanza y la sanidad públicas y que tuvo incidencia entre los funcionarios y el sector financiero, singularmente el de Cajas y se destaca en todo caso la ausencia de incidentes.

O lo que es lo mismo que en sectores que agrupan a más de siete millones de trabajadores la huelga fue bastante general. "Sin piquetes agresivos" y sin contar la incidencia en el resto de sectores, más de cinco millones fueron voluntariamente a la huelga. Quien considere esto un fracaso o no sabe de qué habla o está movido por prejuicios.

Es obvio que de la huelga general no se puede abusar, pero tampoco prescindir de ella. Se  equivocan los que piensan que hay que convocarla todos los días, pero también los que consideran, unos y otros de buena fe,  que hay que renunciar a ella, simplemente porque las circunstancias económicas, laborales y, por qué no decirlo, la beligerancia, agresividad y amenazas de muchos empresarios, hace imposible que la secunden todos los trabajadores y trabajadoras.

La huelga general es una herramienta política a utilizar cuando las circunstancias -las políticas- se hacen tan agresivas para la mayoría que requieren una respuesta desde todos los sectores de la población. Es tan política y, desde luego más transparente y democrática, como que una patronal que ha firmado un acuerdo una semana antes con los sindicatos, en lugar de respetar lo pactado, siga presionando bajo cuerda a un Gobierno para que aborde una reforma laboral que rompe todas las previsiones de lo firmado.

De lo que no hay duda alguna, salvo para alguna Delegación del Gobierno como la de Madrid y para los manipuladores de la TDT Party, que ya tienen sus valoraciones pase lo que pase, es de que las manifestaciones de ese día han sido las mayores movilizaciones sociales desde hace años.

Esta es la encrucijada sindical, saber que los cambios del mercado laboral, el crecimiento del paro, el empeoramiento de la situación social y la conciencia de que la agresión no ha terminado, van a seguir requiriendo movilizaciones sociales muy mayoritarias y habrá que seguir combinando inteligentemente las huelgas y conflictos sectoriales que van a continuar, con la presencia pacífica y multitudinaria en las calles y, sólo cuando sea imprescindible, la huelga general.

Una estrategia de máxima unidad con las organizaciones sindicales y profesionales, con otros movimientos sociales, para parar los recortes y la pérdida de derechos laborales y sociales, abierta al diálogo cuando sirva para frenar o dar marcha atrás a las agresiones. Firme cuando ésto no sea posible o se intente encubrir con palabras y ofertas de diálogo sin contenido real, nuevas injusticias y recortes para la mayoría.

Lo sucedido en la Enseñanza o la Sanidad madrileñas, lo que está empezando a extenderse a otros lugares y a otros sectores públicos o privados, muestra que los trabajadores tradicionales no están aislados, que cada vez más sectores trabajadores y de capas medias, están entendiendo que no pueden pararse y que hay que responder a cada agresión en una batalla que va a ser larga, pero en cuyo resultado, que no siempre se verá a corto plazo, nos jugamos el futuro de nuestra sociedad.

 

Andrés Gómez

HUELGA EL 14 N

La publicación la pasada semana del barómetro del CIS de octubre y su coincidencia con la encuesta del mismo organismo sobre las próximas elecciones autonómicas catalanas, permite valorar el clima social, en ambos casos, en vísperas de la huelga general convocada por los sindicatos para el próximo 14 de noviembre.

La coincidencia de la fecha de la huelga con la campaña de las elecciones en Cataluña, independientemente de su resultado, pondrá en la agenda informativa el conflicto social, en un momento de fervor patriótico de las derechas catalana y española.

Según el barómetro del CIS para toda España el paro es la primera preocupación para el 78% de los españoles y para el 60% de los catalanes, los problemas económicos para el 43 y el 12 % respectivamente, aunque este factor es el segundo quebradero de cabeza para el 27% de los catalanes. En el caso del conjunto de España los nacionalismos y el Estatut de Cataluya preocupan apenas a un 3% y el autogobierno y la financiación autonómica al 6,6 y el 7,9% de los catalanes respectivamente. En ambos casos el futuro de la sanidad y la educación ocupan también lugares destacados.

Los datos ponen en evidencia que los problemas sociales, consecuencia de la crisis y las políticas que las derechas están aplicando frente a ellas, son los que realmente preocupan a la mayoría de los ciudadanos y que la respuesta frente a ellos es imprescindible para que esas políticas no salgan reforzadas y vayan cada vez a más.

Es obvio que la participación en las huelgas es difícil que alcance el 100%, eso sería coloquialmente "la revolución", pero los propios datos de CIS señalan que el 15% de los encuestados reconocen haber participado en huelgas en los últimos doce meses, el 21% en la franja de 18 a 34 años, porcentaje que sería mucho mayor entre los asalariados, teniendo en cuenta que entre los encuestados, sectores como empresarios, jubilados o amas de casa no hacen huelgas. El porcentaje de respuestas es mucho mayor, el 21% para el total y el 23% para la franja de edad entre 18 y 34 años, para la asistencia a manifestaciones, también en los últimos doce meses.

En consultas previas sobre las huelgas es significativo que los que justifican las movilizaciones, aunque no las secunden, superan a los que participan en ellas. Las derechas se equivocan si minusvaloran la dimensión del conflicto porque, aunque la magnitud del desempleo, la precariedad laboral, las estrecheces económicas y las nuevas condiciones introducidas por la contrarreforma laboral del PP y apoyada por CiU, hagan que muchos de los trabajadores no se atrevan a secundar una huelga, el malestar sigue creciendo y los estallidos sociales continuarán.

La derecha política y económica tilda de política a la huelga del 14 N y lo es tanto como las razones que dan lugar a su convocatoria. En democracia los gobiernos elegidos están legitimados, pero la misma legitimidad tienen los ciudadanos que están en descuerdo con sus políticas para protestar y movilizarse. Máxime cuando lo que se aplica no se parece en nada a las promesas electorales o cuando los que dicen defender la Constitución adoptan, una tras otra, medidas que socavan todas sus previsiones en materia social y van introduciendo un cambio de modelo que rompe el equilibrio de esa Constitución en favor de los más poderosos y en contra de la mayoría de la población.

La huelga del 14 N es justa: el crecimiento del paro, la caída de los salarios reales, el incremento de los expedientes de regulación, las privatizaciones y empeoramientos de servicios públicos o unos presupuestos generales del Estado cargados de recortes para los más débiles y con la conciencia de que no serán los últimos que se producirán en los próximos meses, la justifican.

Pero su justicia no implica que vaya a ser fácil, en estas circunstancias. A las dificultades antes mencionadas del miedo a represalias laborales, o a la situación económica de miles de familias, se añade la percepción, en muchos casos, de que no doblegarán esas políticas y, en otros muchos, de que nos encontramos ante un proceso largo, en el que la movilización tendrá que ser también larga. Que en el próximo futuro nos enfrentaremos a nuevas agresiones como la de las pensiones y que deberemos calcular bien el esfuerzo para poder aguantar hasta el final, salvando lo máximo posible de nuestros derechos para no tener que reconstruir desde las ruinas.

Por eso, pese a las dificultades, vale la pena poner la carne en el asador. Por eso y porque se juega la credibilidad y entereza de los sindicatos que siguen siendo elementos fundamentales, para frenar al máximo la ofensiva recortadora de las derechas.

Los trabajadores catalanes también se juegan mucho con esta huelga y con las próximas elecciones. Porque una victoria rotunda de CiU no sería sólo un reforzamiento del independentismo. Sería, sobre todo, un reforzamiento de la derecha y sus políticas recortadoras.

 

Andrés Gómez

EL RESCATE, EL BANCO MALO Y LOS DESHAUCIOS

El Gobierno de Rajoy hace de la necesidad virtud: si llueve hace bueno para el campo y si no para las plantas. Tras semanas de deshojar la margarita con la petición o no del rescate a la UE, a la espera de que pasen todas las elecciones pendientes, y de clamar contra la prima de riesgo y los intereses de la Deuda, hemos pasado a quitarle importancia y a los brotes verdes, esta vez en versión Fatima (Virgen del Rocío) Báñez.

No se sabe muy bien si el cambio se debe al intento de ganar tiempo a la espera de las elecciones catalanas o si, por el contrario, temen que la solicitud sea recibida con una negativa o unas condiciones que, en la práctica equivalgan a ella, por parte de Alemania.

El hecho es que hemos pasado de confiar en una prima de riesgo de 200, equivalente a tipos de entre el 3 y el 3 y medio de tipo de interés, a instalarnos confortablemente entre los 400 y 450 puntos, entre el 5 y el 6% de interés. Entre bambalinas el Ministro de Exteriores sugiere que la deuda, la privada se supone, es un problema tanto para el deudor como para el acreedor y Rajoy dice que podemos aguantar todavía, aunque ni siquiera el rescate bancario se ha hecho todavía efectivo, lo que se esperaba una vez aprobado el banco malo.

Con el banco malo el Gobierno tiene varios problemas. Uno de ellos es su empeño en conseguir financiación privada para que las ayudas derivadas a él no computen como déficit público. El problema es que la mayoría de las entidades financieras sondeadas se resisten a participar en él, tanto porque su situación tampoco es tan boyante como porque, conscientes de la "necesidad" política del Ejecutivo, están esperando a la valoración final de los activos, para que, caso de participar, le salgan lo más baratos y rentables que sea posible.

Pero como todas las monedas tienen su cara y su cruz, si los activos salen más baratos su impacto en las entidades afectadas será mayor y deberán recibir más dinero para su saneamiento, por la diferencia entre el valor contable en que estén contabilizados, las provisiones que hayan constituido para cubrirlos y el valor final de su transferencia al banco malo.

El Gobierno está atrapado entre su compromiso de que ésta solución no tenga ningún coste para los contribuyentes y una realidad que muestra lo contrario. De ahí las continuas contradicciones en que han incurrido los responsables del Ministerio de Economía en sus declaraciones al respecto.

De un lado han establecido quince años de vida para la entidad, lo que supone que este es el período previsto para vender los activos; de otro, para animar a los inversores anuncian que en cinco años el Banco será rentable, pero si esto fuese así no se explicaría porque su duración es mucho más larga. Además, hablan de rentabilidades de la inversión de hasta el 15% anual a partir del tercer año, lo que no se corresponde ni con las expectativas de los inversores, ni con las circunstancias del mercado, ni con el valor de algunos activos, tanto de suelo como de malas construcciones, que entrarán en el paquete.

La realidad de una solución que, inevitablemente, va a costar dinero a los contribuyentes, y que trata de activos que son viviendas, convive con otra realidad lacerante que es la creciente ola de desahucios que ya afecta a miles y miles de familias que se ven en la calle y a miles y miles de jóvenes que ya han renunciado a vivir fuera de la vivienda familiar.

Más allá de la tragedia de los suicidios que, pese a que nos la haga más evidente, responde a conflictos y decisiones individuales, el problema y la contradicción es mucho mayor si consideramos los millones de viviendas vacías y los centenares de miles de personas que malviven sin ninguna, en muchos casos con trabajos e ingresos, pero que no les permiten responder de sus hipotecas o acceder a un techo.

Resolver el problema de las hipotecas es una parte, pero en muchos casos, resuelto el embargo viene la segunda parte, que es quedarse sin sitio donde vivir.

El banco malo acumulará centenares de miles de viviendas, no todas  vendibles, aunque podrían solucionar miles de problemas de gente sin vivienda. Disponer cincuenta mil para alquiler, a un coste medio de ochenta mil euros, supondrían cuatro mil millones, menos del 10% de las ayudas a la banca, y alquiladas a un precio medio de 425 euros, supondrían un ingreso anual para la entidad de doscientos cincuenta y cinco millones anuales, más de doscientos si se excluyen los gastos de gestión y mantenimiento.

Como sí va a haber coste para los contribuyentes, por lo menos que una parte sea útil socialmente. Sólo el dogmatismo y los prejuicios ideológicos del PP puede negar algo tan evidente.

Rescate y banco malo tendrán novedades en los próximos meses. Al menos esperemos que una parte de los desahucios también.

 

Andrés Gómez

 

LAS ULTIMAS ELECCIONES

Y EL FUTURO DEL PSOE

Los resultados de las elecciones gallegas y vascas ponen en evidencia lo que vienen vaticinando las encuestas: sin el PSOE no hay alternativa a la derecha gobernante, y con el PSOE tampoco.

No es una situación irreversible, pero en la medida en que no se corrija el rumbo podría, a pesar del desgaste acelerado del PP, prefigurar un amplio período de hegemonía institucional conservadora, conviviendo con la crisis y la contestación social en un coctel corrosivo que seguiría desgastando la democracia en la actual situación española.

Los datos son tozudos. En Galicia el PP pierde 107 mil votos con relación a las anteriores elecciones autonómicas y 211 mil con relación a las últimas generales, pero el PSOE pierde 189 mil y 158 mil respectivamente. En el País Vasco el PP desciende 15 mil y 80 mil votos respectivamente, en tanto el PSOE baja 104 mil y 42 mil.

La comparación con las Generales no es homogénea, aunque sí significativa, porque marca el nivel más bajo, hasta ahora, del voto socialista en la democracia y los nuevos datos muestran que la sangría del voto socialista no se ha frenado, al contrario continúa.

El incremento de la abstención y del voto blanco y nulo en las elecciones gallegas conjuntamente, sobre las autonómicas anteriores, alcanza casi 180 mil votos y la nueva formación de Beiras y Esquerda Unida ha obtenido 184 mil más que EU en 2009. En el País Vasco el PNV mantiene su apoyo popular y Bildu obtiene 85 mil votos más que la suma de Aralar, Eusko Alkartasuna y el voto nulo, que HB recomendaba, en 2009.

Estos números confirman que la indignación, en términos electorales, repartida entre la abstención, el voto blanco, nulo y a otras formaciones políticas, golpea con mayor fuerza al Partido Socialista y se desplaza muy mayoritariamente hacia la izquierda.

Ante esta realidad el PSOE haría mal tanto si se enroca en no cambiar, como si se centra en una batalla interna sin contenidos, acuciada exclusivamente por la preocupación de intereses particulares o territoriales. Los apoyos perdidos y que se quieren recuperar y el conjunto de los ciudadanos no lo entenderían.

Hace falta un cambio real, profundo, de discurso y de política, que conecte con las preocupaciones de los ciudadanos que tienen que ver con una salida más justa e igualitaria de la crisis; con un reforzamiento de la democracia y con una salida estable al problema territorial y al encaje, sobre todo de Cataluña y el País Vasco, en España.

Hace falta también un cambio de caras y de las formas de hacer política desde el Partido, más abiertas y menos oligárquicas, que recupere la credibilidad perdida y dé carne al nuevo discurso.

Hace falta, finalmente, un cambio de estrategia que, desde la autonomía del partido, apueste por liderar una alternativa, con la unidad de la izquierda, sin la que será imposible derrotar a la derecha y dar cauce político real a la creciente movilización social.

A la actual Dirección del Partido Socialista le corresponde encabezar un proceso como éste. Con generosidad e inteligencia para agrupar lo mejor que tenga el PSOE y atraer nuevos apoyos. Un proceso que debe ser de cambio real y no de cambiar algo para que no cambie nada.

Es quien mejor puede garantizar la unidad del partido, la participación de todas las organizaciones territoriales, para hacerlo sin la que el riesgo de una guerra de guerrillas que mantenga la sangría interna y externa resulte inevitable, con las consecuencias que tendría para la recuperación de la izquierda, su capacidad de gobernar en el futuro y la democracia en España, dada la deriva de gobierno de la crisis que lleva el PP.

Es posible y hay tiempo porque, después de las elecciones catalanas, vendrá un período hasta las europeas suficiente para desarrollar el proceso. Sin embargo, el tiempo no es ilimitado, porque si no se hace en ese plazo, las consecuencias serán aún más graves. La decisión de Rubalcaba para ir en esa u otra dirección será fundamental. Esa es su responsabilidad: propiciar el cambio necesario para el futuro del Partido Socialista y la izquierda española o no hacerlo, y esperar a que escampe mientras la inundación sigue creciendo. La opción no  debería suscitar ninguna duda.

 

Andrés Gómez